En Francia, si una mujer no aborta porque el diagnóstico prenatal no detecta, por error, una anomalía congénita, el niño es acreedor a indemnización por su minusvalía. El Tribunal de Casación -la suprema instancia judicial francesa-, que estableció este criterio en el caso Perruche (ver servicio 162/00), lo ha confirmado en tres sentencias dictadas el 13 de julio, aunque esta vez no ha otorgado las reparaciones solicitadas. Las demandas se presentaron en nombre de tres niños que nacieron con deficiencias: uno, con espina bífida; otro, con un solo brazo, y el tercero, con un brazo atrofiado.
Hasta el caso Perruche, la negligencia médica en un diagnóstico prenatal justificaba una indemnización a los padres, pero no al hijo, pues el error no es causa de la deficiencia congénita. Aquella sentencia fue criticada por numerosos juristas y médicos, por las asociaciones de minusválidos y, recientemente, por el Comité Consultivo Nacional de Ética (ver servicio 95/01). Para los críticos, el fallo equivale a considerar que la misma vida del niño minusválido es un perjuicio para él, y supone alentar la eugenesia. Este argumento fue invocado en la vista de los tres casos recientes por el abogado general -representante del interés público-, que solicitó al Tribunal rechazar las demandas y rectificar la jurisprudencia sentada en el caso Perruche.
Finalmente, los jueces mantienen su criterio, con una precisión: la minusvalía tiene que estar «en relación directa de causalidad con las faltas cometidas por el médico». Es decir, el error de diagnóstico ha de ser lo que indujo a la madre a no recurrir al aborto legal. Así sucedió, dice el Tribunal, en el caso Perruche, pero no en los tres ahora fallados, pues las pruebas se realizaron fuera del plazo legal para abortar (10 semanas). Después de ese momento, solo cabe el aborto terapéutico, que requiere el dictamen de dos médicos sobre el peligro para la madre o la probabilidad de que el niño nazca con deficiencias. Como no se ha probado que las madres habrían podido abortar legalmente si los diagnósticos hubieran sido acertados, los jueces concluyen que en ninguno de los tres casos hay causalidad directa.
