El 10 de enero, la Asamblea Nacional francesa aprobó casi por unanimidad un proyecto de enmienda a la ley de derechos del enfermo que anula la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Casación a partir del caso Perruche. El texto establece que el nacido minusválido por una deficiencia congénita no detectada en el diagnóstico prenatal no podrá demandar una indemnización. Los médicos especialistas en ecografía fetal se declararon en huelga el 1 de enero para reclamar que se revocase el criterio de los jueces.
La jurisprudencia Perruche presentaba dos aspectos problemáticos, derivados de su punto de partida: atribuir derecho a reparación al minusválido que no fue abortado porque el diagnóstico prenatal no detectó la deficiencia. Primero, como el fallo médico no fue causa de la minusvalía, sino motivo de que la madre prosiguiera el embarazo, ¿cuál es el fundamento del derecho del niño a que el médico le indemnice? Según entendieron muchos, el criterio judicial equivalía a definir la vida misma como un perjuicio para el minusválido, lo que suponía alentar a la eugenesia.
Así piensan Jacques Testart y otras 16 personalidades que han publicado un manifiesto en el semanario LExpress (3-I-2002), en el que afirman que la jurisprudencia del Tribunal de Casación «nos invita colectivamente a emprender la vía de un eugenismo sin freno».
En segundo lugar están las consecuencias legales para los médicos. Hasta el caso Perruche, los padres podían obtener del especialista una compensación económica por el daño moral sufrido por ellos mismos. Pero aquella sentencia les permitió que reclamaran además, en nombre del hijo y para él, una indemnización suficiente para asegurar la atención del niño durante toda su vida. Esto, según una opinión muy extendida, es confundir dos planos: el de la responsabilidad civil del médico, que ha de limitarse a los perjuicios causados por él, y el de la solidaridad social, que está para ayudar a los que son minusválidos sin culpa de nadie, o en cualquier caso.
La mezcla de planos puso a los especialistas en una situación de inseguridad. Puesto que el diagnóstico prenatal no es infalible, el temor a ser demandados en caso de error era un elemento muy perturbador: como dijeron en la convocatoria de huelga, les llevaría a «preocuparse más por su propia protección, y no tanto por la de sus pacientes». Además, el elevado monto de las indemnizaciones que podían serles exigidas iba a provocar -como anunciaron las compañías aseguradoras- un fuerte aumento de las primas de sus pólizas de responsabilidad civil.
El nacimiento no es un perjuicio
El proyecto aprobado pretende resolver estos problemas. Empieza negando que exista derecho a indemnización por haber nacido: «Nadie, aunque haya nacido minusválido, puede alegar perjuicio por el solo hecho de su nacimiento». El minusválido solo puede reclamar reparación si el fallo médico «ha provocado directamente la minusvalía, la ha agravado o no ha permitido tomar las medidas que podrían haberla atenuado».
Si, como en el caso Perruche, el fallo fue solo de diagnóstico y no influyó en la deficiencia misma, los padres pueden exigir una indemnización destinada al minusválido, pero siempre que el error se deba a una falta del médico. El proyecto excluye que, en tal caso, el minusválido -o alguien en su nombre- esté legitimado para demandar al especialista.
La indemnización, si procede, habrá de cubrir los gastos que la deficiencia ocasione durante toda la vida del minusválido. Ahora bien, habrá que descontar todas las ayudas y prestaciones sociales que reciba. Y los organismos que las sufraguen, como la Seguridad Social, no podrán reclamar al médico el reembolso de las prestaciones.
De esta manera, el proyecto busca un mejor equilibrio entre la responsabilidad civil y la solidaridad social. Los médicos afectados lo consideran positivo, aunque no del todo satisfactorio. Dice el Dr. Israël Nisand, uno de los redactores de la convocatoria de huelga: «Cuando la anomalía del niño es preexistente y no resulta de un acto médico, no podemos aceptar más indemnización que por el perjuicio moral a los padres» (Le Monde, 7-I-2002). Por tanto, añade, las consecuencias de la minusvalía misma deberían correr enteramente a cargo de la solidaridad nacional.
El texto adoptado por la Asamblea Nacional será incorporado al proyecto de ley de derechos del enfermo (ver servicio 140/01), y se espera que quede definitivamente aprobado antes del 22 de febrero, fecha en que se disolverá el Parlamento y se convocarán elecciones.
Para conocer desde el principio el asunto Perruche, se puede leer, por este orden, las informaciones incluidas en los servicios 162/00, 95/01, 106/01, 108/01 y 175/01.