Un grupo de intelectuales norteamericanos –o vinculados a Estados Unidos por su actividad– ha publicado un manifiesto para criticar el clima de censura ideológica que sufren quienes se oponen al pensamiento dominante en determinados temas polémicos.
Se suceden los pronunciamientos en defensa de la libertad de expresión y contra la denominada “cultura de la cancelación”, término con el que algunos intelectuales anglosajones se refieren al ambiente de censura sobre los puntos de vista políticamente incorrectos que se está produciendo en determinados ámbitos, especialmente la universidad. Hace un mes 153 pensadores, mayoritariamente progresistas, dieron la voz de alarma en una carta abierta (ver Aceprensa, 8-07-2020) que criticaba los comportamientos intolerantes de cierta izquierda identitaria. Ahora han sido otros 46 intelectuales quienes han suscrito la Declaración de Filadelfia, en la que defienden el libre intercambio de ideas como principal medio para alcanzar una sociedad justa y plural. Entre ellos se cuentan algunos de perfil conservador, como Robert P. George, Mary Eberstadt (ver Aceprensa, 4-09-2013) o Christina Hoff Sommers (ver Aceprensa, 18-02-2009) pero también otros de ideas liberales -incluso libertarias-, o la activista somalí Ayaan Hirsi Ali, autodeclarada feminista y atea, además de líderes religiosos de distintas confesiones.
Volver al espíritu constitucional
La elección de Filadelfia para dar nombre al texto no es casual. Allí se produjo, en 1787, la reunión de la que saldría la Constitución norteamericana. Los firmantes de la actual declaración consideran que en el momento presente se ha vuelto necesario reivindicar la idea fundacional de libertad de expresión, que entienden como uno de los baluartes de la Carta Magna (aunque, en rigor, hay que decir que este derecho solo fue explícitamente protegido con la adición de la primera enmienda, unos años después).
La Declaración de Filadelfia subraya la necesidad de mantener “una cultura pública en que la libertad y el civismo coexistan”
Lo interesante del texto es que no se trata de una defensa de la libertad de expresión simplemente como un derecho individual, una prerrogativa personal inalienable aun a costa de los perjuicios sociales que pueda ocasionar. Lo que se reivindica es precisamente la capacidad “socializante” de la libre discusión de ideas. “Si queremos un futuro mejor, debemos reaprender una verdad fundamental: nuestra libertad y nuestra felicidad dependen de que mantengamos una cultura pública en que la libertad y el civismo coexistan, en la que se pueda disentir radicalmente con otra persona (…) sin convertirte en su enemigo mortal”.
Siguiendo con este enfoque “constructivo” de la libertad de expresión, los firmantes recuerdan que este derecho, para ser realmente la “escuela de ciudadanía democrática” que está llamado a ser, implica también una serie de responsabilidades hacia los demás. Entre ellas está la cortesía en la forma de expresar las propias opiniones: “Por supuesto, nuestra idea tradicional de libertad de expresión no es absolutista. No protege comportamientos como la difamación, la grosería, la intimidación o la incitación a la violencia”.
Ambientes hostiles
Sin embargo, se lamentan los firmantes, el actual clima de intransigencia ideológica no solo censura estos comportamientos incívicos, sino cualquier opinión discordante con ciertos dogmas de moda, especialmente los que afectan a identidades minoritarias cuyos planteamientos, paradójicamente, se han vuelto hegemónicos, en el sentido más coercitivo de la palabra.
“Por desgracia, estamos perdiendo estos rasgos definitorios de nuestra democracia. La decencia y el libre intercambio de ideas están siendo desmantelados por prácticas estigmatizadores del oponente, al que se acusa de promover el odio”.
Algunos ambientes, o plataformas virtuales, se han convertido en “territorio hostil”. En el mundo anglosajón destacan especialmente los campus universitarios (ver Aceprensa, 07-03-2018). Charlas canceladas tras el boicot de estudiantes que se sentían “agredidos” por las ideas del ponente, profesores suspendidos o despedidos por expresar opiniones “incorrectas”, currículos cribados de material potencialmente “traumatizante”… Todo esto lleva años sucediendo en muchas universidades norteamericanas, pero recientemente también se ha extendido al Reino Unido. De hecho, el reputado think tank británico Policy Exchange ha publicado recientemente un informe que alerta de la merma de libertades que se está produciendo en muchos campus del país. El texto señala que “determinadas actitudes políticas están restringiendo la libertad, para enseñar o investigar en algunos temas polémicos, de quienes discrepan de la opinión mayoritaria”.
El estudio constata que, al igual que en los campus norteamericanos, el personal docente e investigador de las universidades británicas es mayoritariamente de izquierdas (75%), en un porcentaje muy superior al de la población general. Este hecho, que en parte se explica por la mayor inclinación hacia la carrera académica entre las personas de estas tendencias, no debería implicar por sí mismo una predisposición al silenciamiento del oponente. Sin embargo, los autores señalan que estas actitudes se están dando, y generan un efecto de autocensura entre los que defienden ideas impopulares.
Casi la mitad de los profesores encuestados dicen que se sentirían incómodos compartiendo despacho con un partidario del Brexit; el porcentaje sobrepasa el 60% en el caso de que ese supuesto compañero se mostrara contrario a la ideología trans. Y no es solo cuestión de “sentimientos”: entre un tercio y la mitad reconoce que valoraría peor la petición de beca de una persona si supiera que es de derechas. Este comportamiento tribal también ocurre en sentido contrario, pero, como la orientación progresista es dominante, la mayoría de silenciados son conservadores.
Libre mercado y verdad
Entre las recientes reivindicaciones de la libertad de expresión hay diversidad de planteamientos. En algunos casos, lo que se pide es simplemente que se permita un libre mercado de opiniones, sin interferencias externas: una especie de laissez faire, aplicado al mundo de las ideas. Nada hay aquí de la pretensión socrática de alcanzar la verdad a través de la discusión. Se trata de un planteamiento más bien defensivo, que concibe el intercambio de pareceres en términos de mera tolerancia. Con todo, este tipo de acercamientos suele agotarse en la reivindicación del “derecho a ofender”.
La Declaración de Filadelfia va algo más allá. Sus firmantes declaran su convicción de que “el libre mercado de opiniones es la manera más justa y eficaz de separar la verdad de la falsedad”. Sin embargo, el texto no da ninguna pista de cuál pueda ser esa verdad, ese ideal antropológico alternativo al que propone la izquierda actual.
“Nuestra idea de libertad de expresión no protege comportamientos como la difamación, la grosería, la intimidación o la incitación a la violencia”
Esta merma se entiende en la medida que la Declaración no aborda específicamente ningún debate específico, sino que se limita a reclamar un espacio de discusión sin censura. En cambio, algunos autores sí han entrado al fondo del problema, conscientes de que la mera apelación a la libre concurrencia de ideas puede degenerar fácilmente en un relativismo axiológico que termina, paradójicamente, siendo dogmático: si todas las opiniones valen lo mismo, todas son sagradas e “inmunes” a las demás. Para alertar de este peligro, Robert P. George y Cornel West escribieron en 2017 un breve manifiesto, titulado “Búsqueda de la verdad, democracia y libertad de pensamiento y de expresión”, al que después se adhirieron otros intelectuales de diferentes tendencias políticas (ver Aceprensa, 21-04-2017). Allí sostenían que para mantener una sociedad libre y democrática son necesarias virtudes como la humildad y la apertura de mente, “pero por encima de todo, el amor a la verdad”.