La mexicana Neydy Casillas es abogada y vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center For Human Rights. Lleva más de veinte años defendiendo los derechos humanos contra las zarpas de los intereses ajenos a la dignidad de las personas.
Experta en Derecho Internacional. Fue representante de World Development Coalition ante las Naciones Unidas. Fue delegada oficial de México ante la Comisión sobre el Estatus Consultivo de la Mujer y ante la Comisión sobre Población y Desarrollo. Desde hace una década planta cara a los abusos de poder ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Corte Interamericana y en la Comisión de Derechos Humanos.
Es asesora legal en varios casos en los que la vida y la familia han sido cuestionadas, pisoteadas o marginadas de las agendas oficiales con el consentimiento de los organismos internacionales.
En este terreno de los derechos, los desmanes, las palabras bonitas convertidas en melifluas por culpa de quienes deben convertirlas en acciones reales, ella empezó a trabajar hace dos décadas con un tono conciliador, “tratando de buscar puntos en común, de crear puentes y de establecer diálogos”. Hasta que se vio en medio de un tsunami ideológico en el que ni el tráfico de personas, ni la explotación de las mujeres, ni otras realidades lacerantes bastaban para que se frenara la colonización contra el sentido común y el justo deber ante los pueblos. Ante posturas oficiales tan radicales que desatendían la pobreza y la exclusión social y dedicaban las horas y los días a imponer “una agenda de pensamiento único”, supo que trazar puentes era una quimera. Porque aquel escenario burocrático supuestamente pacífico era un Vietnam.
Clara. Cristalina. Más que desmoralizarse al contemplar la contundencia de las apisonadoras con banderas azules-celestes saturadas de signos de protección, Casillas no ha perdido la ilusión ante “esta situación mundial de atropello de derechos que estamos viviendo. Al contrario. A mí me ha llevado a ser más tenaz y más firme en esta lucha. Porque esto se puede cambiar”.
“La libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa están siendo atacadas”
— Como experta en la protección de los derechos humanos, ¿qué realidad internacional observa desde su despacho?
— Organismos internacionales como Naciones Unidas o la OEA, que en su momento nacieron con un propósito muy noble, se están utilizando como instrumentos para imponer cierta agenda ideológica. Ante la gravedad de este atropello, pusimos en marcha el Global Center for Human Rights, porque se exige la instauración práctica de ideas unidireccionales en contra de la voluntad del pueblo y a pesar de las verdaderas necesidades de los pueblos.
En el mundo se observan grandes violaciones de los derechos humanos, en especial en Latinoamérica y el Caribe, donde todavía estamos lejos de alcanzar las necesidades más básicas como seres humanos y como ciudadanos. En muchos países no se salvaguardan los derechos a la educación o a la salud. Los problemas sociales que laten en Venezuela o en Nicaragua no cuentan con el eco adecuado en estas organizaciones internacionales que, supuestamente, velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Venezuela no es un tema prioritario en la agenda de trabajo de la OEA, cuando ahora debería ser el epicentro sobre el que se tendría que estar debatiendo desde hace mucho tiempo. Se habla y mucho, sin embargo, sobre género o sobre aborto, dos cuestiones que no han surgido precisamente de la necesidad perentoria y de la voluntad del pueblo, porque no representan las verdaderas prioridades sociales del continente.
— Entonces, ¿la Declaración Universal de Derechos Humanos se incumple sistemáticamente en muchos rincones del planeta ante la pasividad de las instituciones?
— Exactamente. Se incumple y se ignora por completo. En el Derecho Internacional existen ciertos principios sobre los que se fundamentaron estas organizaciones, justamente para evitar la violación de la independencia y de la soberanía de los países. Hoy vemos que estas organizaciones están dejando atrás los consensos fundacionales para defender o crear nuevos derechos que no fueron pactados expresamente por los países.
— ¿Qué derechos humanos no se cumplen y dónde?
— Nosotros nos hemos especializado en el monitoreo del derecho a la vida, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la objeción de conciencia y las leyes que afectan a la familia. En todos estos ámbitos, en general, vemos con muchísima preocupación que lo que prescribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos y muchas constituciones locales se ha convertido en letra muerta. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa están siendo atacadas. Nunca pensamos que íbamos a llegar al punto en el que expresar respetuosamente unas convicciones o rezar pudieran entenderse como causa de una supuesta violación de derechos que prive, incluso, de la libertad física a algunas personas encarceladas por discrepar o disentir en países democráticos. Estamos ante una situación grave que se consolida con normalidad mientras muchas instituciones responsables miran para otro lado.
Vivimos en unos tiempos en los que no puedes defender tus creencias y no debes expresar las claves de tu pensamiento o tus opiniones sobre diversos temas, porque inmediatamente se impone una censura contra las versiones discordantes. Pensar distinto se paga, cada vez más. Hace unas semanas participé en una conferencia sobre la mujer en Naciones Unidas. Allí, si pensabas en la mujer en clave biológica, ya estabas excluida de la conversación. La cancelación es una dinámica habitual en estas instituciones.
— ¿Cómo está de salud democrática el derecho a la vida en Latinoamérica?
— Ahora mismo estamos defendiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso que se llama Beatriz vs El Salvador. Se trata de un litigio estratégico que ciertas organizaciones están utilizando descaradamente para imponer el aborto en toda Latinoamérica.
Se manipula la historia de una joven con lupus que quiso ser madre, a pesar del riesgo para la gestación que conllevaba su situación clínica. En su segundo embarazo, en 2013, esperaba a una niña con problemas de salud, y el sistema sanitario se extralimitó en ofrecerle como única salida la decisión de abortar. Pero ella quería volver a ser mamá y decidió seguir adelante. Evidentemente, el embarazo no fue fácil, entre otras cosas, por el acoso que sufrió en sus propias carnes de quienes querían impedirle el ejercicio de su libertad hasta el punto de decirle que, si no abortaba, iba a morir y acabaría dejando huérfano a su primer hijo.
En ese ese clima irrespirable de miedo, la convencieron para que abortara. Ella lo pidió, y se le negó, porque en El Salvador sólo existe el eximente de la salud de la madre para interrumpir el embarazo, y ese criterio no era objetivo. Beatriz murió, pero cuatro años y cuatro meses después de dar a luz a su segunda hija y en un accidente de motocicleta. Sin embargo, los grupos abortistas dicen que falleció porque no tuvo acceso al aborto. Si busca información sobre el caso en los medios de comunicación, sólo encontrará la versión oficial contra la que estamos litigando. Muy pocas personas se atreven a contar la verdad, y ese clima de miedo a la verdad también es muy ilustrativo de lo que estamos viviendo.
“La Convención Americana de Derechos Humanos declara que toda persona tiene derecho a vivir desde el momento de la concepción”
El caso Beatriz vs El Salvador es un ejemplo de manipulación estratégica para imponer una realidad abortista por encima de los principios del derecho a la vida. La idea es buscar un precedente emocional salpicado de mentiras que justifique forzar la liberalización del aborto en aquellos países en donde no está permitido.
— ¿Por qué los organismos internacionales que hablan tanto de aborto no lo hacen de apoyo a la familia, ni siquiera ante esta crisis mundial de natalidad que sacude el planeta?
— Hay muchísimos intereses económicos e ideológicos detrás de todas estas decisiones. La presión de las empresas abortistas norteamericanas en busca de nuevos mercados en Latinoamérica y el Caribe es impresionante. Volviendo al caso Beatriz vs El Salvador, una de las organizaciones que más vehementemente está apoyando la universalización del aborto detrás de una mentira es una que se dedica a la fabricación de aspiradores y cánulas para realizar abortos. El conflicto de interés es evidente. Y es en este tipo de causas donde se observa la transparente instrumentalización de las organizaciones internacionales, que deberían confabularse para defender el derecho a la vida.
En los propios países y en sus aparatos judiciales también destacan los intereses ideológicos. Más que jueces o políticos, muchas veces estamos ante auténticos activistas que han sido colocados para avanzar, sin dificultades, en la implantación de una agenda que da la espalda a los derechos de las personas.
— ¿Podemos decir entonces que las declaraciones de derechos humanos se han desvirtuado con el consentimiento de los organismos internacionales?
— Podemos decirlo muy claramente. La Convención Americana de Derechos Humanos es la más específica en definir al ser humano. En su artículo 1.2 dice expresamente: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. En su artículo 4.1 defiende: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
No hay ningún otro tratado internacional tan específico que subraye que toda persona tiene derecho a vivir desde el momento de la concepción. Y, sin embargo, este marco legal es completamente ignorado, dando paso a supuestas interpretaciones que no tienen nada que ver con el derecho y con lo que pactaron los países.
“Muchas personas están despertando para involucrarse en la construcción de una justicia que supere todos los intereses ideológicos”
— ¿La religión se está convirtiendo en un motivo de exclusión para la igualdad de derechos?
Hay organizaciones que desestiman argumentos sólo “porque los dices tú, que eres cristiano”. Esa discriminación es habitual en el seno de estos organismos, incluso en la Comisión de Derechos Humanos. Tener un credo es un criterio de exclusión de la conversación parlamentaria en muchos países democráticos. Ser una persona con convicciones religiosas se entiende como una causa sobrada de merma de credibilidad.
— ¿Qué corrientes ideológicas actúan hoy en los escenarios internacionales?
— El feminismo radical ha sido la causa principal de muchos de los abusos que estamos viviendo. En la Conferencia sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en 1995 empezamos a oír hablar de la ideología de género. Fue allí donde se expresó por primera vez eso de los nuevos derechos reproductivos, que nadie sabía qué significaban. Todas aquellas sesiones teóricas fueron sembrando una semilla. El feminismo radical ha sido muy inteligente al utilizar estos organismos internacionales como plataforma de lanzamiento y altavoz de sus planteamientos ideológicos. Sus promotores sabían que estas instituciones acabarían teniendo un impacto directo sobre los 193 países que forman parte de Naciones Unidas o sobre los 27 que forman parte de la Unión Europea. Van consiguiendo sus objetivos.
Junto al feminismo radical, hoy vemos que actúan otros lobbies que se dedican a extender una agenda que atropella los derechos humanos de muchas otras personas que no comulgan con sus propuestas ajenas al debate. Últimamente vemos que estos grupos de presión se resquebrajan por el tema del transgenerismo que, en realidad, está acabando con los derechos de la mujer. Ojalá esa división ayude a debilitar el peso de los lobbies a los que no les interesa la igualdad de todos los hombres y mujeres, sin distinción de raza, sexo o religión.
— ¿Cómo se ve Europa y los derechos humanos desde Latinoamérica?
— Sinceramente, vemos a Europa como colonizadores. De forma constante, se entromete en cuestiones que afectan a nuestros países. ¿Qué tiene que decir el Parlamento de Inglaterra sobre el aborto en El Salvador? Los gobiernos de Noruega, España, Suecia o Suiza están constantemente dando dinero para avanzar en causas ideológicas que, en realidad, desprotegen en la salvaguarda de los derechos humanos.
Los países europeos, más desarrollados, tienen una serie de necesidades cubiertas y pueden permitirse el lujo de hablar de cuestiones propias de las sociedades del bienestar, pero nosotros no podemos perder el tiempo en debates ideológicos, porque hay muchas necesidades básicas que no encontramos cubiertas. Es más, en muchos casos, vamos hacia atrás. No tiene sentido que hablemos de derechos de los animales cuando muchas personas se mueren de hambre, no tienen un trabajo digno, malviven o no cuentan con un acceso justo a las prestaciones sanitarias. Hablar antes de derechos animales mientras hay niños que no comen, son maltratados o abusados, es una falta grave de responsabilidad social. Y es lo que hacen las organizaciones internacionales.
— Ante este panorama, ¿hay hueco para una esperanza sensata?
— Claro que sí. Las posturas radicales no se mantienen por mucho tiempo. No tiene sentido desanimarse. En los últimos años se percibe que crece la preocupación, incluso entre diplomáticos, porque vaciar la misión de organismos internacionales que han costado mucho esfuerzo es retroceder muchos puestos. Ante abusos evidentes, muchas personas están despertando para involucrarse en la construcción de una sociedad más justa y por una justicia que supere todos los intereses ideológicos para defender, de verdad, la dignidad de la cada uno de nosotros.
Álvaro Sánchez León
@asanleo