«Nadie puede invocar un perjuicio por el mero hecho de su nacimiento». Así reza una nueva ley aprobada por el Parlamento francés, que pone punto final a la polémica suscitada por el caso Perruche (cfr. servicios 162/00 y 106/01). El problema surgió cuando el Tribunal de Casación reconoció a este joven minusválido el derecho a una indemnización, tras haber nacido con graves deficiencias que en el diagnóstico prenatal no fueron detectadas, por lo que se privó a la madre de la posibilidad de abortar.
La minusvalía de Nicolas Perruche se debió a la rubéola sufrida por su madre, no al error médico de diagnóstico, por lo que se discutía si el hecho de otorgarle una indemnización suponía compensarle por el perjuicio de haber nacido. El texto ahora aprobado permite a la persona nacida con una deficiencia debida a una falta médica la posibilidad de obtener una indemnización «cuando la falta ha provocado directamente la minusvalía o la ha agravado, o no ha permitido tomar las medidas que podrían haberla atenuado». Es decir, no basta solo un error de diagnóstico prenatal, sino que debe influir en la minusvalía.
El punto más espinoso es quién puede beneficiarse de la indemnización. En el caso Perruche, los padres demandaron a los responsables del error médico y obtuvieron una indemnización por los perjuicios causados a ellos mismos. Después, a fin de asegurar la atención de su hijo durante toda su vida, demandaron otra en nombre del hijo y la consiguieron ante el Tribunal de Casación, suprema instancia judicial francesa. El texto ahora aprobado descarta la indemnización al minusválido, considerando que la compensación de la minusvalía corresponde a la solidaridad nacional, que debe prever medidas para atender a estas personas. En cuanto a los padres, el único motivo para pedir una indemnización será el perjuicio moral sufrido, lo que excluye toda indemnización ligada al perjuicio material.
En la polémica sobre el caso Perruche, los legisladores han tenido que decidir entre puntos de vista inconciliables: el de los juristas, inclinados a aplicar el principio de la reparación ante un error; el de las asociaciones de padres de minusválidos, que consideraron la sentencia del Tribunal de Casación como una ofensa a la dignidad del minusválido y una invitación a la eugenesia; y el de los expertos en diagnóstico prenatal, preocupados por el riesgo de tener que indemnizar ante cualquier defecto congénito del feto no detectado.
El temor a un proceso y el aumento de las primas del seguro están haciendo que cunda el desánimo entre los obstetras y que algunos expertos en diagnóstico prenatal amenacen con no hacer más ecografías (cfr. servicio 175/01). En un artículo redactado en nombre de la Coordinadora nacional de Centros de Diagnóstico prenatal (Le Monde, 25 enero de 2002), varios obstetras lamentan la creciente intolerancia ante cualquier defecto del feto: «Los padres piden la interrupción del embarazo por razones cada vez más triviales: el niño es demasiado pequeño, el embarazo es de gemelos…». Los padres quieren que se les asegure que no habrá ningún riesgo, cosa que los expertos no pueden garantizar. En algunos casos, «no tenemos enfrente un paciente, sino un querellante potencial». Esta profesión, dicen, «se está haciendo peligrosa» y temen que haya cada vez menos candidatos a ejercerla.
Sin llegar a reconocerlo, se ha creado una mentalidad eugenésica basada en el derecho a tener un hijo sano y en el derecho al aborto. Y los médicos se encuentran sometidos a las crecientes exigencias de los clientes. Un obstetra, Michael Serfaty, declara (Le Monde, 31-I-2002) que ha decidido no hacer más ecografías fetales ni atender partos. La gota que ha llenado el vaso ha sido el nuevo importe de su prima del seguro de responsabilidad civil, que en un año ha pasado de 4.420 a 9.000 euros. Según las compañías de seguros, era el precio para prevenir los efectos de la jurisprudencia del caso Perruche. Quizá con la nueva legislación, que limita la responsabilidad, se rebajen las primas.