El 30 aniversario de la aprobación de la ley británica del aborto ha dado lugar a diversos balances sobre su aplicación. Desde el 27 de octubre de 1967, día en que el Parlamento aprobó la ley del aborto, es legal practicarlo en las 24 primeras semanas de embarazo cuando dos médicos certifican que hay razones que lo justifican: peligro para la vida de la madre, o para su salud mental; riesgo para la salud psíquica o mental de los demás hijos; o posibilidad de que el bebé nazca con graves taras físicas o mentales (el aborto es legal incluso después de las 24 primeras semanas, en caso de peligro para la vida de la madre o de malformaciones del feto).
Como en otros países, los partidarios del aborto utilizaron una serie de argumentos para urgir la aprobación de la ley. Dijeron que la ley no supondría un aumento de los abortos practicados; que no sería un disfraz del aborto libre; y que acabaría con los abortos clandestinos.
Pues bien, desde 1967 -según datos que publica The Daily Telegraph (27-X-97)-, se han practicado casi 5 millones de abortos legales. Las cifras han aumentado paulatinamente desde los 22.000 abortos de 1968 hasta los 177.000 del año pasado. Un 40% de las mujeres han abortado alguna vez, y uno de cada cinco embarazos termina en aborto.
Aunque la ley mencione una serie de indicaciones, el aborto es, en la práctica, libre. En 1996, el 91% de los abortos se hicieron invocando un motivo tan elástico como el peligro para la salud mental de la madre. A este respecto, el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos ha expresado que «en la mayoría de los casos, no existe tal peligro…».
El único pronóstico que se ha cumplido es el fin de los abortos clandestinos. Ahora, los abortos se practican en los hospitales, y muchos de ellos financiados con el dinero de los contribuyentes.
El balance de estos 30 años ha suscitado críticas a la legislación abortista. Algunos dicen que la legalización de la supresión de la vida de los no nacidos ha ido de la mano del incremento de la violencia contra los niños y los adultos. Como se pregunta The Daily Telegraph en un editorial, «¿puede ser fortuito que una sociedad que admite que se maten 3.500 fetos cada semana haya adoptado una actitud más relajada respecto a la supresión de la vida en general?».
El cardenal Basil Hume, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, ha pedido al gobierno que revise la legislación del aborto. Dirigiéndose al primer ministro, Tony Blair, le instó a que «convenza a los miembros de su partido de que el aborto es un error». Por el momento, la respuesta parlamentaria ha sido la firma por parte de 100 diputados, en su mayoría laboristas, de un manifiesto en defensa de la legislación actual.