Montevideo. El desbaratamiento de una clínica clandestina y la prisión para dos médicas y una partera por practicar un aborto a una joven de 20 años, embarazada de dos meses y medio, y también procesada pero sin prisión, ha servido para que los partidarios del aborto hagan hueco al tema en los medios y el debate sobre el aborto se reinstale en la sociedad uruguaya.
Los promotores del proyecto de Ley de Salud Reproductiva aprovecharon la ocasión para quejarse de la ley que penaliza el aborto, con el argumento de que con la legalización se salvarían vidas de mujeres. El delito del aborto se castiga en Uruguay con penas de entre 6 y 24 meses de cárcel. Las penas pueden reducirse en caso de violación, si la vida de la mujer corre peligro o en medio de serias angustias económicas; en algunos casos se exime de cargos a los involucrados.
El promedio de personas procesadas por año, con o sin prisión, oscila entre 14 y 16. En Uruguay las clínicas clandestinas cobran unos 700 dólares (520 euros) por aborto. El caso de la joven que abortó en el hospital Pereira Rossell de Montevideo ha resultado ser el tercero con procesamiento de los últimos cinco años.
Este caso ha abierto la polémica además, porque los médicos tienen prohibido hacer denuncias de aborto a la Policía, a raíz de una prescripción del Ministerio de Salud Pública en 2004. La medida tiene el objetivo de salvaguardar la confidencialidad en la relación entre el médico y el paciente, sin vulnerar lo dispuesto por la ley que penaliza el aborto en Uruguay. Pero alguien dio el aviso sobre esta chica. La ambigüedad es evidente: el aborto es ilegal, pero al mismo tiempo no se lo puede denunciar y existe el respaldo a los médicos para que guarden silencio.
Para los favorables al aborto, todo se solucionaría legalizándolo. Los legisladores interesados en ello son en su gran mayoría izquierdistas -promotores de la ley de Unión Concubinaria-, parte del oficialismo que gobierna desde marzo de 2005. Tienen en contra que el propio presidente -socialista- Tabaré Vázquez ha anunciado que vetará toda la ley que despenalice el aborto.
En su condición de médico oncólogo, Vázquez ha optado por oponerse al aborto y esto ha irritado a sus propios partidarios. Ahora, para evitar el veto presidencial los partidarios del aborto buscan la manera de llevar el asunto a la opinión pública y han propuesto un plebiscito, en el que contarían con el 60% de los votos, según las últimas encuestas. Para los algunos políticos, sobre todo para aquellos que se manejan a dos aguas, sería una gran solución y una buena manera de “lavarse las manos”.