¿Son las redes sociales similares a los medios de comunicación y, por tanto, están sujetas a las mismas reglas de responsabilidad ante la información que difunden? En Europa se piensa que sí. En Estados Unidos todavía se considera que no.
Las redes sociales y las plataformas de internet acaban de ganar una batalla importante en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Twitter, Facebook y Google habían sido demandadas por cooperación con el terrorismo por permitir la difusión de contenidos de ese tipo.
Los dos casos sentenciados por el Supremo son similares. En el primero, la familia de Nohemí González, asesinada en los atentados terroristas de París en 2015, demandó a Google y a otras empresas porque estaban difundiendo contenidos capaces de convertir a ciudadanos en terroristas, sobre todo a través de YouTube. En el segundo, la familia del ciudadano jordano Nawras Alassaf, fallecido en 2017 durante un ataque del ISIS en Estambul, acusaba a aplicaciones y servicios como Twitter, Google y Facebook de no controlar el contenido terrorista en sus plataformas y los responsabilizaba de no hacer lo suficiente para evitar casos como el de Nawras.
Los jueces han sido explícitos: “Transmitir información a miles de millones de personas –la mayoría de las cuales utilizan las plataformas para interacciones que antes tenían lugar por correo, por teléfono o en lugares públicos– es insuficiente para afirmar que los demandados prestaron asistencia sustancial a sabiendas y, por tanto, ayudaron e instigaron los actos del ISIS. Una conclusión contraria haría responsable a cualquier proveedor de comunicaciones de la comisión de delitos por el mero hecho de saber que los delincuentes estaban utilizando sus servicios y no impedirlo”.
El caso de Trump
El tema de la responsabilidad de los contenidos de las redes sociales viene de lejos y se exacerbó tras la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos que dio la presidencia a Donald Trump. En abril de 2017, Financial Times escogió para titular su primera entrevista con el ya presidente una significativa afirmación de Trump durante su conversación con el entonces director Lionel Barber: “Sin Twitter no estaría aquí”. Y probablemente tenía razón.
El impacto de la llegada del histriónico empresario al cargo más poderoso del mundo sorprendió a los politólogos y una de las respuestas que se dieron a ese ascenso fue la influencia de las redes sociales en los mensajes políticos, algo que nunca se había manifestado hasta entonces en esa magnitud. Investigaciones posteriores demostraron cómo miles de cuentas fantasma lanzaron millones de mensajes falsos para desprestigiar a la oponente de Trump, Hillary Clinton, con la agravante de que esos mensajes falsos incidían en los temas que más preocupaban a los usuarios de Facebook y de Twitter gracias a la información que se tenía de ellos. Hoy colea todavía la presunta implicación del Gobierno ruso en esas campañas.
El debate fue general y llovieron las críticas a los responsables de las redes sociales por no saber parar a tiempo la desinformación que confundía a los ciudadanos y sin tener ninguna responsabilidad ante sus consecuencias.
“Arreglar Facebook”
En enero de 2018, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se preguntaba en el post que cada año dirige a los usuarios de la red social que se había propuesto para ese año “arreglar Facebook” –”to fix Facebook”–, porque reconocía que algo no estaba funcionando bien en la red social. Pero, a la vez, se negaba a cambiar su propósito de Facebook como herramienta para “compartir todo con todos”. “No queremos ser árbitros de la verdad ni desalentar el intercambio de opiniones”. Luego llegaría el escándalo de Cambridge Analytics y la venta de datos de usuarios. Al final, Zuckerberg claudicó: contrató a miles de personas para labores de moderación, modificó los algoritmos y llegó a constituir un Consejo Asesor de Contenidos, presidido por el prestigioso periodista británico Alan Rusbridger –exdirector de The Guardian–, independiente de la empresa, que se encargaría de revisar la política de contenidos que circulaban por la red social.
También Twitter tuvo problemas con Trump, cuando calificó como “engañoso” un tuit del presidente en la campaña electoral de 2020 que acusaba al gobernador de California de fraude en el voto por correo. Tras el asalto al Capitolio de enero de 2021, Twitter clausuró la cuenta de Trump, que le fue devuelta por Elon Musk hace pocas semanas.
La cuestión de fondo es si hay que considerar las plataformas como meros canales por los que fluye información o ya se han convertido en medios de comunicación tradicionales, y como tal hay que tratarlos en la legislación
Para muchos, estos dos ejemplos muestran cómo Facebook y Twitter han dejado de ser unos canales por los que fluye la información –como la red de telefonía, por ejemplo– para convertirse en medios en los que existen responsables de moderar la información que los usuarios difunden.
Cooperación con el terrorismo
Llegamos hasta las dos recientes sentencias sobre Twitter y Google antes comentadas, en las que los jueces del Supremo han dictaminado que las plataformas no son responsables de cooperación con el terrorismo porque se difundan en ellas comentarios de apoyo o de incitación a la violencia, de la misma forma que una compañía telefónica no es responsable de cooperación con el narcotráfico si los delincuentes se ponen en contacto a través del teléfono móvil para cometer sus delitos.
Hay que tener en cuenta que el Supremo no ha entrado en el fondo de la cuestión, que se determina en el artículo 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996: “Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como editor o difusor de información facilitada por otro proveedor de contenidos informativos”. Un cambio de este artículo si afectaría de forma radical al futuro de las plataformas. Y precisamente eso es lo que pretende hacer la Comisión Europea con el reglamento de la Ley de Servicios Digitales (DSA) que se está ultimando. Tenía razón la vicepresidenta de la Comisión Magrethe Vestager cuando dijo que “Twitter tendrá que cumplir con la legislación europea”. Porque la regulación que prepara la Comisión quiere que las grandes plataformas de internet –Google, Twitter, Facebook, Amazon, Tik Tok, etc.– sean las responsables de vigilar y controlar los contenidos, los productos y los servicios que circulan por sus plataformas y, por tanto, responderán ante los tribunales si en ellas se transgrede la ley.
¿Meros canales o medios de comunicación?
La cuestión de fondo, en Estados Unidos, Europa y en todo el mundo, es si hay que considerar esas plataformas como meros canales por los que fluye información o ya se han convertido en medios de comunicación tradicionales, y como tal hay que tratarlos en la legislación, que es la postura que defiende la Comisión. En el momento en el que un consejo asesor determina qué contenido no puede circular por la red, como ha hecho Facebook, o los gestores deciden que una cuenta debe ser cerrada, en el caso de Twitter, ¿no asume la red la responsabilidad de retirar todos los contenidos y cerrar todas las cuentas que no cumplan la ley o que difundan información falsa? Es decir, ¿no se comporta como un medio de comunicación tradicional –periódico, emisora de televisión…–, cuyos director y empresa son responsables de los contenidos que difunden? Si la Justicia puede multar un diario por delitos de injurias y calumnias o por difamación a una persona pública, ¿no puede hacer lo mismo con una red social si esos comentarios injuriosos no han sido detectados en el proceso de moderación y se han difundido? En definitiva, ¿al convertirse en medios de comunicación, no deben ser tratados como tales con todas las consecuencias? De ello depende el futuro de las redes y, claro, el ruido que generan en el universo informativo.