Hasta hace 30 años, la mayor parte de las escuelas públicas norteamericanas, sobre todo en las ciudades, eran masculinas o femeninas. Pero entonces se aprobó la ley conocida como Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en la escuela. Esta disposición no veta la educación diferenciada, pero se ha aplicado de tal manera, que prácticamente ha barrido los colegios no mixtos del sistema público (ahora quedan menos de una docena en todo el país). Esto va a cambiar. El 8 de mayo, el gobierno anunció su intención de revisar la interpretación del Título IX, como primer paso para promover escuelas públicas con alumnos de un solo sexo. Hasta ahora, a los centros de este tipo se exigían condiciones casi imposibles y pesaba sobre ellos la amenaza de sanciones.
Esta nueva política es aplicación de un artículo de la nueva Ley de Educación, aprobada a finales del año pasado (ver servicio 179/01). El objetivo es ampliar la oferta educativa pública. «Es una opción que, creemos, debe estar disponible para los padres que la deseen», declaró Brian Jones, consejero general del Departamento de Educación. El Departamento se apoya en distintos estudios que certifican el mayor rendimiento académico, en general, de los alumnos de escuelas no mixtas. También se ha tenido en cuenta los buenos resultados de algunos programas experimentales en escuelas mixtas, en los que las chicas estudian separadamente ciencias y matemáticas: se ha comprobado que avanzan más así (ver servicio 97/96). Otros programas ofrecen clases solo para chicos con profesores varones que sirven de modelos masculinos y aseguran la disciplina.
Pero, según algunos, muchos de los colegios a que se refieren esos estudios no sirven de ejemplo, porque su superioridad se debe más bien a que reúnen otras condiciones positivas: grupos pequeños, compromiso educativo de los padres, etc. Otros replican que precisamente la libertad de elección de los padres fomenta ese clima favorable, del que se beneficiaría también la red pública si se permitiera la opción. De ahí que, según el gobierno, esta reforma busque precisamente «otorgar mayor flexibilidad a los educadores para poder crear clases o escuelas enteras de un solo sexo en la educación primaria y secundaria».
Además del pleno reconocimiento de la legalidad y conveniencia de la creación de escuelas públicas no mixtas, el gobierno de Bush ofrecerá a los distritos escolares un total de tres millones de dólares para financiar estos proyectos, que se adjudicarán por concurso.
Otro aspecto de la libre elección de escuela que está de actualidad en Estados Unidos es el cheque escolar. Sobre este tema trata un libro recién publicado: The Education Gap: Vouchers and Urban Schools (Brookings), de los profesores Paul E. Peterson (Harvard) y William G. Howell (Universidad de Wisconsin). Los autores destacan que los alumnos de raza negra que acuden a colegios financiados por cheque escolar mejoran notablemente sus resultados, en comparación con sus compañeros negros de colegios públicos. En Nueva York, donde existen programas de bono escolar de financiación privada, la diferencia media es de 9 puntos porcentuales. En Washington, en cambio, apenas se notan variaciones. Los autores -que han hecho ver la necesidad de un estudio más amplio de todo este tema- piensan que esto se debe a que en la capital funcionan muchas charter schools (escuelas de financiación pública pero de iniciativa y gestión privadas), que ya hacen posible la elección de centro.
Los investigadores señalan también que las diferencias son relevantes solo entre la población negra: los resultados académicos de blancos e hispanos apenas mejoran por el uso del cheque. Según Peterson, la razón podría ser que son, sobre todo, las familias negras las que sufren la imposibilidad de elegir escuela, por pertenecer a distritos escolares desfavorecidos. En cualquier caso, investigaciones anteriores han señalado lo mismo: los alumnos de extracción social más baja son los más beneficiados por el cheque (ver servicio 117/00). Pero el futuro del cheque escolar en Estados Unidos está en manos del Tribunal Supremo, que el mes próximo o a principios de julio dictará sentencia sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el sistema implantado en Cleveland (ver servicio 28/02).