Gustavo Petro en visita oficial a Ecuador, 31-01-2023
El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro avanza a toda marcha en iniciativas y anuncios, y a paso de tortuga en ejecución e implementación de políticas. Cada semana se abre un nuevo frente de batalla, surgen enemigos insospechados y se notifica al país de grandes transformaciones. Pareciera que lo anterior era síntoma de la inexperiencia de quienes han transitado la mayor parte de su carrera pública del lado de la oposición y, ahora deben gobernar. Sin embargo, ante el paso de más de un año, lo anterior deja de parecerse a improvisación y se ve más como una estrategia.
Analizar los hechos de gobiernos populistas desde una mentalidad democrática y liberal, puede ser equivocado y por eso se debe realizar un esfuerzo por mirar la situación desde otra óptica, alejada de la lógica institucional para comprender las verdaderas intenciones. Haciendo este esfuerzo y observando la situación desde otro ángulo, parece que el gobierno del presidente Petro quisiera sobrecargar el sistema, congestionar las instituciones con sus múltiples iniciativas, y ante el fracaso de su apetito por el cambio, culpar a la democracia y a las élites por la imposibilidad de realizar sus propuestas.
Veamos lo anterior en detalle. Iniciando su mandato y ante la necesidad de realizar una reforma tributaria para cubrir una porción del profundo gasto que el gobierno anterior tuvo que hacer para enfrentar la pandemia con subsidios, compra de vacunas y endeudamiento, este proyecto pasó con relativa agilidad y respaldo mayoritario. El gobierno iniciaba su periodo con un triunfo que lo llenó de confianza para continuar su cascada reformista. Los siguientes proyectos de hondas consecuencias y cambios fueron la reforma política y la reforma a la salud. La primera naufragó rápidamente debido a la falta de apoyo de los partidos políticos, quienes fueron ignorados al momento de construir el texto y ante la inminencia de su fracaso y evitando su hundimiento en el Congreso, ésta fue retirada. Este fue el primer campanazo de alerta para quienes han querido gobernar alejados de la búsqueda de consensos y deseos de imponer su criterio a toda costa.
La reforma a la salud, que tiene serias consecuencias para las entidades prestadoras de salud privadas (EPS), parece haberse convertido en la obsesión del gobierno y en un punto de honor esencial. La ferocidad y radicalismo con el que fue presentado la reforma por parte de la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, condujo a que asociaciones médicas, instituciones privadas de salud y académicos del sector, se opusieran con la misma vehemencia, generando un clima de tensión en el Congreso de la República. Fue tal el nivel de ideologización con el que la entonces ministra comunicó la reforma, que la discusión llegó a un punto muerto en donde el gobierno perdía tiempo y respaldo. Para remediar esta situación, el presidente removió a la ministra del cargo y nombró a un político con conocimiento del sector y experiencia en el Congreso para destrabar el trámite. El debate de esta iniciativa sigue marchando a paso lento y sigue siendo un punto de oro que el gobierno espera no perder a pesar de la carga de evidencia presentada por expertos sobre la inconveniencia de esta ley.
Otro de los fracasos más notables del primer año del gobierno fue la reforma laboral. Esta iniciativa supone nuevos recargos para los empleadores, vuelve más rígida la contratación y se opone al modelo de la economía digital o gig economy, como se le conoce en inglés. La congresista encargada de defender esta reforma es una de las nuevas legisladoras, con mínima experiencia política y por el contrario, con numerosas horas de vuelo en el mundo del activismo social y digital. La incapacidad de la encargada de liderar la reforma para buscar consensos con otros partidos, los representantes de los empresarios y sectores de trabajadores de la economía digital, condujo al gobierno a retirar este proyecto antes de que fuera negado en el Congreso.
La reforma pensional, una de las más estructurales y temidas en especial por los fondos privados de pensión, sigue en el ambiente como una posibilidad de trasladar buena parte de los ahorros de las pensiones privadas a fondos públicos. Diferentes gremios y centros de pensamiento económicos han alertado sobre las consecuencias de esta ley, y sin embargo el gobierno persiste en su propósito amparado en el mandato por el cambio que enarbola cada vez que hay controversias y donde parece olvidar que, a pesar de haber ganado, este mandato fue rechazado por el 47% de los colombianos y actualmente tiene al presidente en niveles de desaprobación superiores al 60%.
Si lo anterior fuera poco para congestionar la agenda legislativa del Congreso en apenas 15 meses de mandato, el presidente está ambientando con toda su retórica una reforma a la educación que busca aumentar el número de maestros afiliados a los sindicatos para cubrir la educación de niños en edades tempranas y además de cambiar el rumbo de los recursos públicos que han financiado a miles de estudiantes que han podido estudiar en universidades privadas de alta calidad, para trasladarlos a las universidades públicas, entre otros. Los rectores de algunas de las universidades privadas más prestigiosas de Colombia han expuesto la importancia de permitir que estudiantes de bajos recursos puedan acceder a educación pública de calidad como una medida efectiva de equidad, ante los oídos sordos del gobierno nacional que insiste en que los recursos públicos no deben ir a privados.
Adicionalmente, durante las recientes marchas de apoyo al gobierno y sus reformas, el presidente anunció una nueva reforma que será presentada pronto: servicios públicos. Aún no se conoce mayores detalles sobre el contenido de ésta, pero el país ya está notificado sobre su inminencia.
¿Estamos ante un gobierno ingenuo y desordenado, lleno de confianza en sí mismo que empieza una nueva iniciativa sin haber concluido la anterior? O ¿es consciente el presidente de la imposibilidad de que su agenda reformista sea aprobada y por lo tanto sólo quiere elevar las expectativas de algunos sectores de la sociedad para luego culpar a otros? El desarrollo de los hechos empieza a indicar lo segundo.
La falta de logros tangibles en el primer año de gobierno, la inestabilidad de su gabinete (12 cambios ministeriales y 22 viceministeriales), su énfasis en convertirse en un líder internacional por el cambio climático y su acelerada desaprobación ante la opinión pública que afecta cada vez más su gobernabilidad parece estar conduciendo al presidente a adoptar una nueva estrategia de aumento de promesas de cambio, con baja posibilidad de implementación. Esto, acompañado de la agresiva narrativa antisistema, podría detonar –bajo el auspicio del gobierno– más movilizaciones masivas de minorías y movimientos sociales para presionar al Congreso, las cortes y a los empresarios.
Una muestra de lo anterior fue la violenta irrupción de un grupo de indígenas a la sede en Bogotá de Revista Semana, el medio de comunicación más leído del país y cuya línea editorial ha sido crítica del gobierno y ha destapado algunos de los escándalos más sonoros, entre ellos la de la presunta recepción de dineros del narcotráfico por parte del hijo del presidente Petro. Este hecho ha encendido alarmas y ha sido interpretado por analistas y políticos como la materialización de la retórica presidencial.
Queda pendiente otro capítulo para hablar sobre la expectativa generada por el gobierno con un proceso de paz con el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales, que se ha denominado como “paz total” y que hasta ahora ha resultado en una significativa reducción en las operaciones militares de las Fuerzas Armadas de Colombia y en un deterioro de casi todos los indicadores de seguridad.
Ante la incapacidad de gobernar efectivamente, con dirección y foco en un problema concreto por resolver, el gobierno ha optado por congestionar el sistema con toda suerte de leyes y promesas de un cambio social que puede tomar décadas en alcanzar y la Administración actual quiere implementar en menos de tres años. El ejercicio de gobierno en una democracia liberal usualmente es lento, complejo y de resultados parciales. Las ideologías ilusionan con logros expeditos, mejoras significativas y posibilidades sin límites.
Afortunadamente Colombia es una democracia que ha probado ser más robusta de lo esperado, con independencia de poderes, medios de comunicación autónomos y cuyo control al poder ha sido efectivo y una ciudadanía activa que ha levantado su voz en numerosas ocasiones de este primer año para demostrar su malestar. Esto que el gobierno ha llamado “oligarquía” y “élites” no son más que instituciones que cumplen el trabajo para el que fueron diseñadas y hoy son el mayor obstáculo para el cumplimiento de las desproporcionadas promesas de cambio que el presidente y su equipo han presentado. Ahora que desde el ejecutivo son conscientes en la dificultad de su cumplimiento, buscan presentar al sistema democrático como el culpable de los males del país. ¿Funcionará esta estrategia?