La contundente reelección del presidente Nayib Bukele y su impacto más allá de las fronteras de El Salvador revive la pregunta sobre la posibilidad de expansión de su modelo de gobierno en otros países de América Latina y, en particular, en Colombia. ¿Podría ocurrir algo semejante en el país cafetero?
Colombia y El Salvador tienen problemas similares en apariencia (pobreza, corrupción e inseguridad), pero que en el fondo tienen causas y complejidades diferentes.
Detengámonos en algunos aspectos económicos del país centroamericano. A pesar de una disminución significativa en el Índice de Gini que mide la desigualdad de los países, que pasa de 0,54 en 1998 a 0,38 en 2021 –el nivel más bajo de la región, de acuerdo con el Banco Mundial–, la economía salvadoreña no ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años a pesar de la política de mano dura del presidente y de su búsqueda por atraer inversión. Después de un impresionante crecimiento económico del 11,2% en 2021, fruto del efecto rebote posterior a la pandemia, la economía de este país se ha estabilizado con un crecimiento moderado de 2,6% en 2022 y de 2,8% en 2023, cifras que no son despreciables, pero que distan de la espectacularidad con la que el actual gobierno vende sus resultados por el mundo entero.
En cuanto a la tasa de pobreza, la de El Salvador sigue siendo una de las más altas en América Latina, con el 26,7% de sus habitantes viviendo en pobreza monetaria. A pesar de un ascenso notorio y sostenido, el PIB per cápita en 2022 era de 4,551 dólares, un valor inferior al de la mayoría de los países de la región. Hasta el momento la concentración de los esfuerzos de Bukele en convertir a su país en el más seguro de América Latina no se ha traducido en crecimiento económico estable.
Sin embargo, las cifras de la política presidencial en materia de seguridad son impresionantes. En 2015, uno de los años más críticos para la seguridad en El Salvador, el país registró una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque desde ese año la tasa ha caído drásticamente, con la llegada de Bukele en 2019 a la presidencia el descenso ha sido aun mayor, hasta alcanzar en 2022, una tasa de homicidios de 7,8 por cada 100.000 habitantes, y aún en caída.
El mensaje que transmite el presidente salvadoreño es claro y conecta con las necesidades más profundas de los ciudadanos que viven en países inseguros de la región, como Colombia o Ecuador
El joven presidente, autodenominado el dictador más cool del mundo, ha entregado resultados indiscutibles en esta materia, al concentrarse en la captura de personas pertenecientes a las maras o bandas criminales, recuperar el control de los territorios con la fuerza pública y, lo más notable, comunicar sin ningún pudor esta política, lo cual ha generado un sentimiento, quizás aumentado, de seguridad, interés y estabilidad.
El presidente Bukele ha construido un personaje público de interés internacional a través de varias estrategias. Una de ellas es la construcción exprés de megacárceles, donde confina a miles de pandilleros bajo condiciones extremas. Otra es la producción de videos cinematográficos en los que se presenta como un comandante en jefe que dirige y arenga a sus fuerzas armadas antes de los operativos contra los criminales. Estos videos los difunde en sus perfiles oficiales en redes sociales, donde tiene millones de seguidores. Su imagen de líder fuerte y decidido ha captado la atención de medios de comunicación y ciudadanos de diferentes países, especialmente de América Latina. Muchos ven con admiración cómo está transformando un país de la región, mientras que en los suyos siguen sufriendo problemas que no parecen mejorar: extorsión, robos, atracos, etc.
El mensaje que transmite el presidente salvadoreño es claro y conecta con las necesidades más profundas de los ciudadanos que viven en países inseguros de la región, como Colombia o Ecuador. A diferencia de gobernantes tecnócratas, Bukele no genera extensas disertaciones sobre políticas públicas o medidas económicas expresadas en un modo complejo y comprensible para pocos. Bukele se caracteriza por ser llano en su lenguaje, serio en su expresión corporal y, aunque despierta emociones, no es especialmente emotivo en sus formas. Según una encuesta de la LPG-Datos para La Prensa Gráfica (2023), el 91% de los salvadoreños aprueba su gestión.
Uno de los aspectos que más llaman la atención sobre este fenómeno político es la manera en que ricos y pobres conectan con él. Sin importar la procedencia social o el nivel educativo, el mensaje sobre seguridad y calidad de vida tiene alta penetración y sintonía general. Ahora, volviendo a la pregunta principal: ¿podría expandirse este estilo de gobierno en América Latina y Colombia? Es posible, debido al contexto de pesimismo, contracción de la economía, y aumento de la inseguridad y la corrupción.
Aunque la población de Colombia es casi 8 veces mayor que la de El Salvador, y la historia, las causas y el desarrollo de la violencia y el crimen organizado son diferentes, la sensación de zozobra que muchos ciudadanos viven en ambos países es semejante.
Mientras Colombia tiene una dificultad profunda con la extensión de cultivos de coca, la producción a escala y la comercialización de cocaína y marihuana, y El Salvador tiene un problema de comercio y control territorial urbano por parte de pandillas, los ciudadanos de cada uno de estos países sufren las mismas consecuencias: extorsión, miedo, restricciones de movilidad y todos los síntomas asociados a la inseguridad.
En Colombia, Honduras y otros países, las organizaciones criminales han suplantado al Estado en barrios y en territorios rurales
Mientras Colombia tiene guerrillas antiguas como las FARC y el ELN, que han ocupado y ejercido control y autoridad sobre diferentes territorios, principalmente rurales, el problema salvadoreño es de pandillas urbanas, que no solo afectan a ese país, sino que se extienden a otros de Centroamérica, como Honduras y Guatemala. En cualquiera de los dos casos, guerrillas o pandillas, estas organizaciones criminales ilegales han competido y suplantado al Estado en barrios y en territorios rurales. A pesar de las diferencias estructurales de estos retos de inseguridad, la percepción de ambos países como lugares peligrosos ha sido similar ante al resto del mundo.
Aunque Colombia tuvo dos gobiernos con un especial enfoque en enfrentar a las guerrillas y a los grupos de autodefensa, como ocurrió con el caso del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), con importantes logros en esta materia, estas políticas no han tenido la continuidad necesaria, y a pesar de otros esfuerzos, como el proceso de negociación iniciado en 2012 y culminado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC por parte del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), Colombia sigue siendo el país con mayor número de hectáreas de coca cultivadas en el mundo (230.000, según un reporte de UNODC, de 2022) y el exportador principal de la droga derivada de esta planta. Lo anterior sigue resultando en un lucrativo negocio ilegal con el que se fortalecen tanto guerrillas como bandas criminales, con operaciones por el control en la distribución de las drogas en las calles de las ciudades colombianas.
La falta de continuidad en políticas exitosas que han golpeado el corazón de las guerrillas, los intentos reiterados de buscar una negociación y desmovilización de estas, y la persistencia en la existencia de grupos armados ilegales con capacidad operativa tanto en el campo como en las urbes, han generado un sentimiento de desesperanza entre la mayoría de los colombianos.
De acuerdo con la encuesta de diciembre de 2023 de la firma Invamer, el 76% de los colombianos sentía que la situación en general en el país estaba empeorando. Y ello, a pesar de la elección en 2022 del “gobierno del cambio” del presidente Gustavo Petro, quien desde la campaña prometió modificaciones en el fondo y en la forma de hacer política e implementar cambios sociales que hasta el momento no ocurren. Esta misma encuesta indica que el 87% de los consultados considera que la inseguridad está empeorando, cifra que ha oscilado en el rango de los 70 a los 80 puntos desde el primer gobierno de Santos. Estos resultados refuerzan la idea sobre la necesidad de un gobierno que sepa enfrentar con éxito la creciente inseguridad de Colombia.
Otra cifra elocuente que se debe mirar en perspectiva es la altísima y constante desaprobación de los colombianos respecto a la corrupción. Una lectura histórica de los datos presentados por Invamer demuestra que desde 2008 hasta la actualidad, la percepción de corrupción ha sido invariablemente alta y que, a pesar de los cambios en las tendencias políticas de diversos gobiernos, no se ha logrado mejoras sustanciales en esta materia.
Sin embargo, el caso es diferente con la economía de Colombia, que, además de una reputación por tener un manejo técnico, estable y responsable, incluso en la actualidad presenta indicadores, tanto en la percepción como en la realidad, mucho más favorables que en cuanto a inseguridad y corrupción.
En materia de crecimiento económico, Colombia ha tenido un ascenso significativo desde finales de los años 90, con picos extraordinarios de crecimiento de 10,6% en 2021 y 7,5% en 2022, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Una cifra histórica. Aunque en 2023 el crecimiento fue tímido y por debajo de las expectativas oficiales, con un 1,2% de acuerdo con la OCDE, el manejo macroeconómico colombiano sigue siendo responsable, a pesar de las promesas populistas de Petro. En cuanto a la pobreza monetaria, Colombia se ubicó en 2022, según el DANE, en el 36,6%, 10 puntos por encima de la tasa de pobreza salvadoreña. Caso semejante ocurre con la desigualdad: en el Índice de Gini de 2022, estaba peor que el de El Salvador.
Finalmente, es necesario mirar la inflación de ambas naciones, pues este es uno de los factores que más directamente afectan a la población y de los que más insatisfacción generan con sus gobiernos. El Salvador cerró 2023 con una inflación histórica de 1,21%, según el Banco Mundial, mientras que en Colombia fue del 9,28%, de acuerdo con el Banco de la República.
Aunque los contextos económicos de Colombia y El Salvador tienen variaciones, ambos países enfrentan problemas similares de desigualdad, crecimiento económico, corrupción e inseguridad. Es necesario tener en cuenta que Colombia tiene una población casi ocho veces mayor que El Salvador y que la producción de bienes y servicios de cada nación es diferente. Sin embargo, la urgencia de resolver la inseguridad como uno de los principales problemas que afectan a sus ciudadanos es un aspecto que comparten. Así, el modelo Bukele, que ha sido criticado por muchos como irresponsable, violador de los derechos humanos, superficial e insostenible, lo cierto es que goza de una abrumadora legitimidad, como lo demostró su reciente reelección con el 84% de los votos y un control casi absoluto del parlamento con 58 de 60 escaños. Este sólido resultado electoral es un fenómeno que ha despertado la atención de los políticos de la región, que se preguntan qué tiene de especial para lograr estos resultados que cualquier gobernante envidiaría.
En América Latina se está dando una tensión entre libertades y seguridad, donde, ante democracias poco efectivas, las personas pueden estar optando por autoritarismos efectivos
Colombia tendrá nuevamente elecciones a Congreso y a presidencia en el año 2026. El presidente Petro, que prometió un cambio en las costumbres políticas y un ambicioso paquete de reformas sociales, hasta ahora ha fracasado notablemente. Aunque le quedan dos años de gobierno, su gobernabilidad está seriamente afectada por una serie de escándalos que involucran a su familia y a la financiación de su campaña, lo que le ha generado problemas judiciales y ha debilitado la legitimidad de su elección.
Más allá de las diferencias en el origen de los problemas de seguridad y las circunstancias económicas de ambos países, el sentimiento en las calles y en los hogares colombianos puede parecerse más al de El Salvador que Bukele recibió, esto es, de saturación de promesas incumplidas y sed de resultados reales y rápidos.
En un mundo en que se insiste en la necesidad de cambios rápidos, adaptación y bienestar social, en esta región global aún no se aprecian resultados contundentes y por lo tanto, la llegada de perfiles de gobernantes anti-establishment, como los presidentes Javier Milei y Nayib Bukele, se hace más posible que antes. ¿Qué tienen estos en común? Un enfoque obsesivo con un tema: Milei con la economía y Bukele con la seguridad. Quizás en su concentración temática radique algo de su popularidad.
La expansión de la propuesta de Bukele es posible porque a pesar de la estabilidad y resiliencia de la democracia colombiana, la falta de resultados en materia de seguridad y superación de la pobreza en este país puede conducir a las personas a intentar algo nuevo en las urnas. Aunque hasta el momento no se ha consolidado una candidatura de corte populista y con una promesa nítida de lucha contra el crimen, el terreno parece estar abonado para que ocurra. Como plantea el profesor Alberto Vergara de la Universidad del Pacífico en Perú, en América Latina se está dando una tensión entre libertades y seguridad, donde, ante democracias poco efectivas, las personas pueden estar optando por autoritarismos efectivos.