Las leyes de eutanasia suelen plantearse como un último recurso contra situaciones de sufrimiento insoportable, pero con el tiempo la aplicación se va extendiendo y se hace cada vez menos excepcional. Así ha sucedido en Canadá, que en solo seis años alcanzó el segundo puesto mundial en eutanasia (aunque una provincia, Quebec, con el 6,8% de muertes por eutanasia, supera por dos puntos al pionero y número uno, los Países Bajos, que legalizó la eutanasia en 2002).
La ley de eutanasia canadiense, de 2016, inicialmente era solo para casos de enfermedad incurable y situación terminal, con el propósito declarado de no obligar a nadie a pasar por sufrimientos insoportables antes de morir. Eso mismo es lo que hace la medicina paliativa, pero se pretendía dar a tales pacientes una opción más, por respeto a su autonomía y a su derecho a decidir sobre su propia vida.
Cinco años después se movió hacia atrás el umbral con una reforma de la ley que suprimió el requisito de enfermedad terminal. De modo que desde entonces se puede aplicar la eutanasia a pacientes con dolencias que aún están lejos de poner en peligro la vida o con discapacidades.
El próximo mes de marzo era el momento previsto para una nueva ampliación. Ahora tocaba incluir a las personas que padecen trastornos mentales. Pero el gobierno ha decidió posponer el proyecto a 2027, en vista de la oposición que ha suscitado.
La mayoría de los miembros de la comisión que preparaba la reforma, compuesta por parlamentarios y por representantes de las provincias y territorios canadienses, se han manifestado en contra. Han influido en especial las reticencias de los psiquiatras, que son los especialistas que tendrían que evaluar si se cumplen los requisitos previstos en el proyecto para autorizar la eutanasia a enfermos mentales. Concretamente, advierten los médicos, sería difícil –por no decir imposible– certificar que para un trastorno psíquico no hay tratamiento eficaz ni posibilidad de mejora, y que la petición de eutanasia por parte del paciente es “racional”.
En cambio, los psiquiatras insisten en que se asegure el acceso a la atención médica a los pacientes mentales. Garantizar la eutanasia pero no asistencia sería una perversión cruel del principio de cobertura sanitaria universal.
Pero no otra cosa habría que decir de los otros enfermos, que tampoco tienen asegurados en todos los casos los tratamientos avanzados, las ayudas en caso de discapacidad o, finalmente, los cuidados paliativos, como señaló una especialista canadiense –partidaria de la eutanasia, por lo demás– en un artículo del año pasado.
Si se justifica la eutanasia invocando la autonomía del paciente, no se debe olvidar que el paciente, por definición, tiene una autonomía limitada y una dependencia, mayor o menor, de quienes pueden atenderlo. La eutanasia no es una opción más, junto con los cuidados paliativos, para quien no tiene posibilidad efectiva de recibirlos. Autonomía, libertad, derecho a decidir son bellas palabras que lucen muy bien en el papel, pero que a menudo resultan huecas frente a la realidad de las personas que sufren. La eutanasia es renunciar a cuidar.