Montevideo. La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el 25 de septiembre un nuevo proyecto para liberalizar el aborto por 50 votos a 49 tras una maratónica sesión de 14 horas. La ajustada votación se decantó con el apoyo de un parlamentario independiente. La oposición analiza convocar un referéndum en caso de que se apruebe la ley.
Un proyecto anterior había sido sancionado por el Senado pero ahora volverá a esta instancia al ser reformado en algunos de sus artículos. La cámara alta prevé volver a tratar el asunto antes de fin de año. Las modificaciones introducidas resultaron clave para que un diputado del Partido Independiente, Iván Posada, volcara la balanza a favor de un proyecto que contó con todos los votos –menos uno– de los legisladores del gobernante y mayoritario Frente Amplio.
En el Senado el oficialismo contaría con los votos necesarios para aprobar esta ley, y sus senadores ya analizan enviar el texto directamente al plenario de la cámara sin pasar por comisión. No quieren más modificaciones.
La legislación propuesta establece que la mujer puede abortar hasta las 12 semanas de gestación. En el primer proyecto de esta nueva ofensiva para sacar adelante el aborto legal –el tema lleva décadas discutiéndose en Uruguay–, la madre podía solicitar la interrupción del embarazo sin intermediarios. Ahora, deberá afrontar una comisión interdisciplinaria integrada por lo menos tres profesionales: un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social.
La mujer que pida el aborto a un ginecólogo del Sistema Nacional Integrado de Salud aduciendo “penurias económicas, familiares, sociales o etarias”, escuchará de la comisión las consecuencias y riesgos que conllevan ese acto. Deberán asesorarla para prevenir futuros embarazos y hacerle saber que cuenta con la posibilidad de brindar el niño en adopción. Al cabo de cinco días se le volverá a preguntar si aún quiere abortar.
Según el proyecto, la mujer que quiera abortar tendría que acudir a una comisión de asesoramiento y guardar un periodo de reflexión de cinco días
Esta variante dentro del proyecto no dejó conforme a las organizaciones abortistas, que la ven como una traba y una demora para que la mujer acceda a la interrupción del embarazo antes de que transcurran las 12 semanas. De todas maneras, los legisladores frenteamplistas la tomaron por buena al ver que Posada, uno de los que confeccionaron este cambio, les aseguraba el voto que les faltaba ante la negativa de uno de los suyos a apoyar la ley. Lo curioso es que durante la comparecencia en la cámara baja, el parlamentario independiente dijo que estaba en contra del aborto pero que votaría a favor del proyecto.
Instituciones médicas en un brete
Los centros médicos, según el nuevo proyecto, podrán alegar “objeción de ideario” para negarse a practicar abortos en sus salas. No obstante, el Ministerio de Salud Pública los obligará a remitir el caso a otro centro, con el pago correspondiente que ello pudiera implicar.
Para los médicos ginecólogos y personal de salud que quieran aducir objeción de conciencia ante la interrupción del embarazo no habría mayores inconvenientes. Eso sí, tendrán que dejarlo claro ante las autoridades de la institución para la que trabajan. De lo contrario, no podrán decir que no cuando le soliciten realizar un aborto.
El médico que no quiera practicar abortos deberá declararse objetor ante la dirección de su hospital
Muchos años
El nuevo proyecto uruguayo maneja excepciones para practicar un aborto dentro de las 14 semanas de gestación: cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando se comprueben malformaciones o cuando hay violación. Tres puntos sobre los cuales en Uruguay ya no se pena ni a la mujer ni a los médicos. La primera ley del aborto en este país se registró en 1938.
Según organizaciones no gubernamentales, sobre todo favorables al aborto, en Uruguay se llevan a cabo más de 30.000 interrupciones del embarazo por año contra los 47.000 nacimientos en un país de 3,4 millones de habitantes. Esto supondría una inverosímil tasa de abortos (40% o más de los embarazos) que actualmente superan solo dos países del mundo (cfr. Abortion Statistics). En España, con total libertad, la tasa es del 18,9%.
En 2008, en el anterior intento por liberalizar el aborto en Uruguay, el entonces presidente socialista Tabaré Vázquez vetó la ley que había sido aprobada por el Parlamento.
Referéndum para la derogación
Ante un panorama que se prevé favorable a la iniciativa abortista, el principal partido de oposición uruguayo hoy en día, el Partido Nacional, adelantó que iniciará gestiones para convocar un referéndum a través de la “vía rápida” con la intención derogar la ley que despenaliza el aborto. Para mayor morbo, la consulta popular podría coincidir con la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2014.
Para acceder a un rápido plebiscito se necesita presentar 12.000 firmas ante la Corte Electoral durante el primer año de promulgación de la ley. Luego de esto, se llama a una votación voluntaria –en Uruguay el voto es obligatorio– en el que los favorables a la derogación tienen que conseguir el 25% de los votos del padrón electoral. En caso de derrota, hay una segunda oportunidad 60 días más tarde. Una segunda caída hace que la ley quede firme. Si se logra el objetivo, entonces recién se llama a un referéndum –de voto obligatorio– para decidir el asunto.
Después de Cuba, Uruguay
En caso de aprobarse esta legislación, Uruguay se convertirá en el primer país de Sudamérica en despenalizar el aborto. Seguirá el camino de otras naciones latinoamericanas como Cuba, Guyana y Puerto Rico, y Ciudad de México. En Colombia se puede practicar cuando existe riesgo de vida para la madre o el embarazo es producto de una violación. También lo permiten cuando existe malformación del feto.
En Argentina, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó este mes el aborto no punible en casos de violación, seis meses después que la Corte Suprema lo habilitara. Se contemplaría además los casos donde corre peligro la vida de la madre. Otras provincias analizan seguir el mismo camino.