Sacar la calculadora y ponerse a estimar cuánto costaría al Reino Unido su salida de la UE (“Brexit”) no parece la mejor estrategia para persuadir a los indecisos. A juzgar por los argumentos de los portavoces más autorizados de cada bando, el referéndum del 23 de junio tiene un componente ideológico y emocional más fuerte que el económico.
A principios de abril, el Fondo Monetario Internacional se unió al coro de voces que advierten del riesgo económico que supondría el Brexit para el Reino Unido. Antes lo habían hecho el Banco de Inglaterra e importantes agencias de calificación crediticia como Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s. Incluso un economista pro-Brexit como Andrew Lilico, director ejecutivo de la consultora Europe Economics, no tiene reparos en reconocer que el coste de no ser Europa sería bastante real por lo menos… hasta 2030. Pero ya se sabe, añade Lilico, que “pocas de las cosas que valen la pena en esta vida salen gratis”.
Para David Cameron, la soberanía tiene que ver en primer lugar con “el poder de hacer las cosas” que los ciudadanos demandan
¿Y cuáles son las cosas que valen la pena? Los partidarios del Brexit lo tienen claro: recuperar la soberanía que la UE ha arrebatado a los británicos. “El referéndum no debe ser en primer lugar sobre el comercio o la regulación de las empresas. Es sobre nuestra democracia. ¿Deseamos ser un país independiente que se gobierna a sí mismo o no?”, escribe en Financial Times el diputado conservador John Redwood, ex secretario de Estado para Gales en el gobierno de John Major.
El primer ministro David Cameron sabe hasta qué punto está arraigada esta idea en la mente de los pro-Brexit. El sentimiento antieuropeo entre los británicos viene de lejos, y el líder tory lo conoce de primera mano: en la Cámara de los Comunes, unos 150 diputados conservadores de 330 quieren que el Reino Unido deje la UE.
Quedarse en una UE reformada
Con este panorama, se entiende el esfuerzo diplomático que hizo Cameron antes de empezar la campaña a favor de la permanencia, postura oficial del gobierno. El primer ministro se reunió con otros líderes europeos para convencerles de que, si quería tener opciones frente a los euroescépticos, necesitaba mejorar las condiciones del Reino Unido en la UE. El Consejo Europeo se dio por enterado, y el 19 de febrero –tras nueve meses de negociaciones– el líder tory regresó de Bruselas con un acuerdo bajo el brazo. Básicamente, consiguió cuatro cosas:
- El Reino Unido y los otros ocho Estados miembros de la UE cuya moneda no es el euro podrán paralizar las decisiones del Consejo que les afecten. Se abrirá entonces un proceso de diálogo para intentar acercar posiciones, pero no es un veto porque la última palabra sigue siendo la del Consejo.
- Cuando el Reino Unido (u otro país comunitario) reciba “un flujo de trabajadores de otros Estados miembros de una magnitud excepcional”, podrá dejarles sin prestaciones sociales por un período máximo de cuatro años. También tienen luz verde para restringir las prestaciones por hijo a esos trabajadores.
- El Reino Unido queda excluido de la obligación contemplada en los Tratados constitutivos de la UE de trabajar por una “unión cada vez más estrecha”.
- Los Estados miembros podrán parar la tramitación de una propuesta legislativa de la Comisión Europea, si así lo decide una mayoría de parlamentos nacionales. Tampoco es un veto en sentido estricto, pues ni la Comisión ni el Parlamento Europeo está obligados a aceptar las exigencias de esos parlamentos, pero sí tendrán que negociar hasta limar asperezas.
Johnson, como quien oye llover
¿Bastarían las nuevas condiciones para convencer a los pro-Brexit, empezando por los del Partido Conservador? La respuesta llegó un día después del viaje de Cameron a Bruselas. En una reunión especial, 6 de sus 29 jefes de departamento de gobierno le comunicaron que apoyarían abiertamente la salida del Reino Unido de la UE.
“El referéndum no debe ser en primer lugar sobre el comercio o la regulación de las empresas. Es sobre nuestra democracia”, opina un diputado conservador
A estos se sumó esa misma semana Boris Johnson, el popular alcalde tory de Londres. “El problema fundamental persiste”, escribió en The Telegraph. Y el problema, a su juicio, es “la pérdida de soberanía” del Reino Unido frente al “invisible proceso de colonización legal de la UE”.
Durante los últimos meses, Johnson –candidato a suceder a Cameron cuando acabe esta legislatura– ha vuelto una y otra vez sobre la misma idea. En un reciente artículo publicado en The Sun, defendió que “la UE aprueba el 60% de las leyes que pasan por Westminter [el Parlamento británico]”. Y el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) ha llegado a elevar ese porcentaje hasta un 75%.
Pero ambos porcentajes tienen truco, explica Michael Dougan, profesor de Derecho Europeo en la Universidad de Liverpool. Entre otras cosas, porque incluyen reglamentos sobre aspectos técnicos y administrativos que afectan a decisiones de ámbito europeo. Igualar las normas de este tipo con las leyes que salen de Westminster sería como “comparar peras con manzanas”.
El poder de hacer más por los ciudadanos
La soberanía fue, precisamente, una de las grandes cuestiones que abordó Cameron en su discurso de presentación del acuerdo ante la Cámara de los Comunes. Para el líder tory, la soberanía tiene que ver en primer lugar con “el poder de hacer las cosas” que los ciudadanos demandan. “Dejar la UE podría hacernos sentir más soberanos durante un breve espacio de tiempo, ¿pero nos daría en la práctica más poder, más influencia y una capacidad mayor para hacer las cosas?”. Y pone un ejemplo concreto: “¿Tendremos más poder para pedir a los países europeos que compartan con nosotros la información sobre los terroristas y delincuentes que operan en Europa? No”.
A la vez, Cameron se ha esmerado por ampliar las miras de los británicos. Junto al argumento de que “dentro de una UE reformada” el Reino Unido será “más fuerte, más seguro y más próspero”, recuerda las obligaciones de solidaridad con el resto de europeos: “No es momento de dividir a Occidente”. Y tras aludir a la anexión de Crimea por parte de Rusia y a los ataques terroristas del Estado Islámico, añade: “Cuando nos enfrentamos a desafíos a nuestro modo de vida, a nuestros valores y a nuestras libertades, es la hora de cerrar filas”.
El líder laborista, Jeremy Corbyn, también ha optado por una línea argumental a favor de la UE que mezcla la defensa de los intereses británicos y los de la casa común: “Queremos reforzar la protección de cada trabajador en Europa, no solo en Gran Bretaña”. Quedarse en la UE es apoyar “la inversión, el empleo, la protección a los trabajadores, a los consumidores y al medio ambiente”.
La realidad y el deseo
Una variación del primer argumento de Cameron es el que esgrime The Economist, a favor de la pertenencia. Lejos de recuperar soberanía, si el Reino Unido deja el poderoso club europeo perdería la capacidad de influir en las decisiones que le afectan. Sería “independiente en teoría, pero en la práctica seguiría sujeto a unas reglas en cuya elaboración no habría tenido papel alguno”.
En la Cámara de los Comunes, unos 150 diputados conservadores de 330 apoyan la salida del Reino Unido de la UE
Una excepción a este principio sería el control de la inmigración, tema clave para los euroescépticos. Pero entonces The Economist apunta con realismo un doble coste: “Ganar el derecho a detener la inmigración procedente de la UE [que hoy representa la mitad de la inmigración total del Reino Unido] supondría casi seguro perder el pleno acceso al mercado único. Y reducir el número de inmigrantes perjudicaría tanto a las empresas como a los servicios públicos británicos, que dependen de los banqueros franceses, los albañiles búlgaros y los médicos italianos”.
Puestos a hablar de soberanía, tampoco se puede descartar que el Partido Nacional Escocés (SNP) –partidario de quedarse en la UE– vuelva a plantear un nuevo referéndum para independizarse de las otras tres naciones que forman el Reino Unido: Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
Aunque el antiguo líder del SNP, Alex Salmond, dio el debate por “zanjado para una generación” tras perder la consulta de 2014, la primera ministra de Escocia y nueva líder del partido, Nicola Sturgeon, advirtió en vísperas de las elecciones escocesas que no renuncia a convocar uno nuevo “cuando crea que hay una mayoría que lo apoya o si cambian las circunstancias”, en alusión al Brexit. Si esto ocurriera, la soberanía real del Reino Unido sería –de nuevo– menor que la soñada.