El presidente de Estados Unidos, George Bush, ha anunciado un plan para financiar con fondos federales los programas de asistencia social de las organizaciones de inspiración religiosa. Aunque los críticos dicen que viola la separación entre Iglesia y Estado (Primera Enmienda a la Constitución), el plan de Bush no es tan original: Clinton aprobó en 1996 una reforma del sistema del welfare (asistencia pública) que introdujo esta financiación; es la legislación vigente y, hasta ahora, nadie la ha llevado a los tribunales.
La reforma del welfare aprobada en 1996 incluía una sección (llamada luego «Charitable Choice») que permitía a las organizaciones de inspiración religiosa competir en igualdad de condiciones con las que no lo son para conseguir la financiación pública aneja a una serie de servicios sociales, como la Temporary Assistance for Needy Families, el Supplemental Security Income, cupones de comida, etc. (cfr. servicio 117/97).
La ley aseguraba que la recepción de fondos no afectaría al gobierno interno de la organización ni a su carácter religioso (por ejemplo, no tendrían por qué ocultar los símbolos religiosos en el desempeño de su actividad). Para evitar violaciones de la Primera Enmienda, la ley prohibió que con los fondos públicos se realizaran actividades específicamente religiosas, como ceremonias litúrgicas o cursos de formación en la fe; prohibió también discriminar a los beneficiarios de los programas asistenciales por razón de sus creencias; y exigió que hubiera alternativas seculares para quienes no quisieran recibir servicios de ningún «proveedor» religioso.
La reforma incluyó a las organizaciones de inspiración religiosa por los buenos resultados que cosechaban en diversos sectores asistenciales. De ahí que Clinton no dudara en firmar una ley que aseguraba la neutralidad de la financiación pública. A partir de entonces, la «oferta» asistencial creció con la incorporación de las organizaciones religiosas.
Desde este punto de partida, el plan de Bush no aporta nada nuevo ni es fruto de la euforia del que estrena cargo. Es más, tanto el ex vicepresidente Al Gore como el senador Joe Lieberman creen necesario que las organizaciones religiosas puedan acceder a subvenciones públicas.
Pero Bush tiene ya experiencia en este campo. En 1996, cuando era gobernador de Texas, organizó un grupo de estudio llamado Faith-Based Task Force -compuesto por personas de diversas creencias- para analizar los obstáculos legales que encontraban las organizaciones religiosas. De ahí nació un informe llamado Faith in Action y diversas recomendaciones que Bush convirtió, en algunos casos, en leyes estatales.
Una ayuda más cercana
El plan busca agilizar la gestión de los fondos y que las agencias federales, sobre la base de la «Charitable Choice», extiendan las posibilidades de actuación a las organizaciones religiosas. Estas han demostrado buenos resultados en programas de tratamiento de toxicómanos, reinserción de presos, proyectos para evitar la delincuencia juvenil, programas de capacitación profesional, etc.
Bush dice que los programas federales son excesivamente burocráticos, inflexibles, impersonales y caros: «el proceso está por encima de los resultados», afirma. En cambio, cree que las organizaciones religiosas tienen más éxito; están cerca de los problemas; trabajan con voluntarios -lo que reduce costes- y en muchos casos tienen la confianza del público.
La Office of Faith-Based and Community Initiatives se ha creado para promover la cooperación del gobierno con las organizaciones religiosas. Trabajará en estrecha relación con otras cinco nuevas agencias federales creadas para los Departamentos que realizan servicios sociales (Sanidad, Vivienda y Urbanismo, Justicia, Trabajo y Educación). John DiIulio será el nuevo director de la Oficina. Es católico y ha publicado un libro junto con Bush sobre iniciativas sociales inspiradas en la fe. Stephen Goldsmith, ex alcalde de Indianapolis, judío, será consejero del presidente en todas las iniciativas relacionadas con la nueva Oficina.