El Centro de Congresos de Quebec, cuyo uso fue denegado a una organización evangélica (CC Renaudp10)
La libertad religiosa, y su compatibilidad con la aconfesionalidad del Estado, ha vuelto a la actualidad mediática en Quebec, uno de los territorios con una legislación más claramente laicista. Una asociación cristiana ha decidido acusar al gobierno ante los tribunales por limitar injustificadamente su derecho a la libertad de expresión. El ejecutivo se defiende aludiendo a los “valores” de la provincia.
La semana pasada, una organización evangélica, la Harvest Ministries International (HMI), demandó al gobierno quebequés por retirarle el permiso para desarrollar un encuentro catequético que estaba previsto para dos semanas después en el Centro de Convenciones de Quebec, establecimiento público dependiente del Ministerio de Turismo. El ejecutivo, por boca de la ministra de Turismo, explicó que “muy probablemente” en ese evento iban a expresarse opiniones contrarias al aborto, algo que lesionaba los “valores fundamentales” de la provincia, por lo que el acto no podría desarrollarse en una instalación pública, contra lo que estaba acordado.
HMI alegó que, aunque la institución defiende valores provida, no había en el programa ningún acto sobre el aborto. En cualquier caso, retirarle el permiso era un caso de discriminación por motivos religiosos o ideológicos. Por ello, pidió al gobierno que rectificase, también por la proximidad de la fecha fijada para el encuentro; pero el ejecutivo se mantuvo en su posición. Los organizadores trataron de buscar otros emplazamientos, pero el poco margen de tiempo y la negativa de particulares a alojar un evento que se había vuelto políticamente controvertido llevó a que finalmente se cancelara. Ya entonces HMI avisó de que llevaría esta decisión a los tribunales, y así lo ha hecho.
La demanda ha sido asumida por el Justice Center for Constitutional Freedoms, que ha querido subrayar en el texto que no se trata de juzgar determinados posicionamientos, sino de dejar claro cuáles son los criterios que deben guiar la potestad del gobierno al limitar la libertad de expresión: “Este pleito no se refiere a los méritos de las opiniones de Harvest sobre el aborto, sino más bien a los derechos fundamentales de sus miembros y seguidores a vivir su fe, a expresarse políticamente y a reunirse pacíficamente sin impedimentos estatales”.
Cambio de posturas en el Parlamento
Este fue precisamente el centro del debate parlamentario que siguió a la decisión del ejecutivo. En un principio, su postura fue respaldada, además de por el partido gobernante (la coalición Avenir Quebec, de tendencia liberal en lo económico y que ha hecho del laicismo una seña de identidad), por las principales fuerzas de la oposición. Sin embargo, apenas unos días después, el líder del Partido Quebequés (regionalista y socialdemócrata) anunció un giro en su posición al cuestionar que el gobierno pueda “decidir arbitrariamente” quién tiene derecho a manifestar públicamente sus opiniones y quién no. “Este debate se va a trasladar a los tribunales –vaticinó con acierto–, y estos pueden acabar haciendo el trabajo que debería haber hecho el Gobierno: establecer los criterios para la intervención del poder público”.
También cambió de postura la tercera fuerza parlamentaria, Quebec Solidario (independentista y de izquierdas). El portavoz de la agrupación en el Congreso reconoció que quizás habían dado su apoyo al gobierno “demasiado precipitadamente”, y que en los días anteriores “se habían planteado varias preguntas sobre el tema”. Esas preguntas les habían hecho ver la necesidad de estudiar el asunto con profundidad y rigor antes de tomar decisiones como la del caso HMI: “Tienen que existir unas guías claras, y que sean acordadas por los distintos partidos, con la participación de expertos jurídicos y de filósofos”.
Según el gobierno de Quebec, la oposición al aborto es contraria a los “valores fundamentales” de la provincia
En cambio, el Partido Liberal de Quebec (centroderecha tradicional) sí ha mantenido su apoyo al ejecutivo. Marc Tanguay, el líder de la formación declaró –siguiendo los argumentos del gobierno– que el Estado no debía ceder espacio público “a una organización que califica el aborto como un asesinato”.
Valores, ¿qué valores?
Así pues, son los partidos de izquierda los que han planteado reparos a la decisión del ejecutivo de limitar la libertad ideológica. Los posicionamientos de cada formación en este asunto reflejan los que asumieron en el debate sobre la ley sobre la laicidad del Estado, aprobada en 2019. Entre otras disposiciones, esta norma prohíbe a todos los funcionarios “en posición de autoridad” (policías, jueces, profesores, funcionarios de prisiones, y algunos parlamentarios) portar cualquier signo religioso, aunque sea sin ostentación.
La demanda de HMI será juzgada por la Corte Suprema de Quebec, que en 2021 –dos años después de su aprobación– ratificó en su mayor parte la ley sobre laicidad. El tribunal podría optar por defender, como hizo entonces, la necesidad de limitar la libertad de expresión en orden a salvaguardar la aconfesionalidad –laicidad, habría que decir– del espacio público.
Sin embargo, el caso de HMI tiene sus peculiaridades. Por un lado, el ejecutivo amparó su decisión en la simple sospecha de que en el evento se fueran a expresar opiniones antiabortistas, sin que en el programa publicado hubiera una mención al tema.
Por otro, la ministra de Turismo señaló que tales posturas son contrarias a los “valores fundamentales” de Quebec. El término retrotrae al debate político y público que se suscitó con la propuesta de una Carta de Valores de Quebec, en 2013. Este proyecto, que ya incluía una prohibición de símbolos religiosos muy parecida a la que se aprobó más adelante, fue finalmente rechazado en el Parlamento, fundamentalmente por esta cuestión. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento criticó el texto al considerarlo incompatible con la Carta de Derechos y Libertades en materia de libertad religiosa. Ahora, a raíz de la demanda de HMI, esta misma Comisión ha criticado la decisión del gobierno, y ha recordado que “la libertad de expresión es un pilar esencial de cualquier sociedad democrática”.
Así pues, este caso puede servir para replantear un debate que se había cerrado en falso por la vía de los hechos, pero que suscita importantes preguntas acerca de los fundamentos de la libertad religiosa.