Escribir una crónica de las leyes educativas aprobadas en España desde la Transición resultaría una tarea más o menos sencilla –a pesar del furor legislativo de las dos últimas décadas– si el autor se limitara a anotar, como en un inventario, las principales propuestas de cada una. No es eso lo que hace Felipe-José de Vicente Algueró en De la ley al aula.
El autor analiza los fundamentos políticos, sociales, pedagógicos e ideológicos que sustentaron las diferentes normas, compara sus elementos más polémicos –los cuadros sinópticos al final de algunos capítulos resultan muy útiles para ello– y valora sus aciertos y errores. Por tanto, aunque se trata de una crónica histórica, el libro es claramente ensayístico y argumentativo: algunas leyes salen más o menos bien paradas –la LGE (año 1970, producto de los “tecnócratas” del franquismo), la LOECE (redactada por la UCD), la LOCE (del PP) y la LOE (del PSOE)–, mientras que otras son duramente criticadas, especialmente la LOGSE y las dos más recientes, conocidas por los nombres de los ministros que las abanderaron: la ley Wert y la ley Celaá.
Los capítulos dedicados a la LOGSE son bastante duros. Según el autor, la ley fue el producto de un grupo de psicólogos, no profesores ni expertos en educación, convencidos de que el constructivismo de Piaget era el bálsamo de Fierabrás para solucionar todos los males educativos. De ahí derivó un enfoque pedagógico autodenominado progresista: respetar los intereses naturales del alumno, menos carga teórica, más juegos y experimentación para lograr aprendizajes significativos, etc.
Otra de las consecuencias más visibles fue el énfasis en la comprensividad: como la escuela es, sobre todo, un instrumento de socialización –más que de instrucción–, hay que mantener a los alumnos escolarizados todo el tiempo posible y estudiando lo mismo para no segregar a unos de otros.
La opinión del autor no es la de un “teórico” de la educación, que también, sino sobre todo la de un testigo directo de los hechos que cuenta. Desde los distintos cargos que ha ocupado, entre ellos el de presidente de ANCABA (la asociación de profesores más antigua de España) y miembro del Consejo Escolar del Estado, De Vicente Algueró ha tenido la oportunidad de participar en la discusión de muchas de estas leyes.
En este sentido, son muy interesantes las partes del libro que narran las negociaciones entre distintos actores, y especialmente en los pocos momentos en que el tan ansiado pacto educativo ha sido posible: los tiras y aflojas para redactar el artículo 27 de la Constitución, o el casi-acuerdo en torno a un primer borrador de la LOE, que llegó a aunar a asociaciones tan dispares como UGT y CONCAPA, y que sucumbió cuando se filtró el proceso a la prensa.