El lunes 8 de septiembre, la parada de metro de Westminster, en Londres, amaneció luciendo unos fotomontajes que fusionaban el rostro de un político de izquierdas con el de uno de derechas: Margaret Thatcher con Che Guevara; Ronald Reagan con Fidel Castro; el primer ministro británico David Cameron con el líder laborista Ed Miliband; Boris Johnson, el popular alcalde tory de Londres, con Karl Marx…
Refiriéndose al póster de Thatcher, un diputado conservador comenta a la revista New Statesman: “No me gusta verla vestida de Che Guevara, pero supongo que es eso es lo que pretenden”. Y su sospecha da en el clavo. Porque el objetivo de la campaña es hacer comprender a los diputados de todos los colores que el binomio Estado-mercado no es suficiente para impulsar el progreso social.
La perfomance política es la cara visible del manifiesto que acaba de publicar la Social Economy Alliance (SEA), integrada por más de 450 organizaciones británicas que incluyen a emprendedores sociales, cooperativas, think tanks, universidades, sindicatos, organizaciones benéficas…
La alianza nació en junio de 2013, y tiene previsto disolverse tras las elecciones generales de 2015. En estos dos años, su objetivo es presionar a los principales partidos políticos de Reino Unido para que sus programas electorales recojan medidas a favor de la economía social.
Celia Richardson, directora de SEA, explica así el mensaje de los carteles: “Demasiado a menudo creemos que la izquierda apuesta solo por el Estado y la ayuda voluntaria, y la derecha solo por el mercado. Esta perspectiva se refuerza en el diálogo político cuando se espera que los políticos se comporten de acuerdo con este enfoque binario, cuando en realidad lo que necesitamos por ambas partes es un modo más sutil de articular mercado y progreso social”.
Beneficios para la sociedad
La puesta en marcha de la SEA coincidió con un momento de malestar en la opinión pública ante la noticia de que algunas multinacionales como Google, Amazon o Starbucks se las ingeniaban para pagar pocos impuestos, a pesar de sus muchos beneficios (cfr. Aceprensa, 17-01-2013).
Un caso muy sonado fue el de Thames Water, la mayor compañía de agua del Reino Unido. A sus 14 millones de clientes no les gustó descubrir que esta empresa no pagaba el impuesto de sociedades, aunque a ellos sí les había subido el recibo mensual.
Frente a las compañías que andan más ocupadas en tributar menos, la SEA quiere promover a las empresas cuyos beneficios repercuten directamente en el bienestar social. Un contraejemplo del caso anterior es Welsh Water, una empresa suministradora de agua, sin fines de lucro, que invierte sus excedentes en medidas de protección ambiental y en beneficio de sus clientes.
Otros ejemplos destacados por el diario británico The Independent, que patrocina un premio a emprendedores sociales, son: HCT Group, una empresa de transporte público que ofrece servicios específicos para personas con discapacidad o de bajos ingresos; Cafédirect, una marca de café con etiqueta de comercio justo que destina parte de sus ganancias a los productores; Belu, un fabricante de botellas de plástico biodegradable que ayuda a la ONG WaterAid para que construya pozos en países pobres…
Hacer atractiva la inversión social
La idea de la Social Economy Alliance es que “para socializar los mercados y hacerlos más ventajosos para la sociedad”, explica uno de sus portavoces, Peter Holbrook, hace falta más apoyo de los poderes públicos. Se trata de crear incentivos que hagan atractiva la inversión social y la conviertan de verdad en una ventaja competitiva en el mercado. Precisamente en Reino Unido, el tercer sector está en pleno crecimiento: hay 18.000 empresas sociales, lo que representa el 15% de las pequeñas y medianas empresas del país. Desde 2009, el número de cooperativas ha aumentado más de un 25%.
Una de las principales recomendaciones de la SEA es acabar con el monopolio del Estado en la provisión de servicios públicos, una idea que encaja en el planteamiento de David Cameron sobre la “gran sociedad” (cfr. Aceprensa, 16-04-2012).
Esto se traduce, de un lado, en otorgar a los ciudadanos “un derecho a retirar” a los proveedores que defrauden la confianza del público, así como un “derecho a elegir” –en determinados ámbitos– al proveedor que más les convenga. Y, de otro, en abrir el mercado de los servicios públicos a las empresas sociales.
En esto, el gobierno británico ha ido por delante. A principios de 2013, se apuntó un tanto con la aprobación de una ley de servicios públicos que –al menos, en teoría– da prioridad en los contratos con la Administración a aquellas empresas que benefician a la comunidad.
La SEA también pide un sistema fiscal que incentive la creación de empresas socialmente responsables. La coalición liderada por Cameron volvió a ser aplaudida por el tercer sector cuando anunció, en abril de 2014, la creación de una desgravación fiscal del 30% para instituciones no lucrativas y empresas sociales.
Otra recomendación de la SEA es aumentar las ayudas a los jóvenes emprendedores. Además de ofrecerles subvenciones, proponen incluirlos en el régimen de formación de aprendices (prácticas semanales en una empresa mientras acaban la secundaria) y darles un “período de tolerancia”, de un año, en el que gocen de más facilidades (asesoramiento, descuentos…).