Nadie puede invocar un derecho a nacer sin minusvalías. Esta es la sustancia de un dictamen del Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE) francés, solicitado por el gobierno a raíz del «caso Perruche». En una sentencia de noviembre de 2000, el Tribunal de Casación otorgó una indemnización a un joven minusválido por razón de un error médico de diagnóstico que llevó a su madre a no abortar. La sentencia provocó una polémica nacional sobre si el mero hecho de haber nacido puede considerarse un perjuicio que exige indemnización (cfr. servicio 162/00).
El caso se remonta a 1982. Josette Perruche estaba embarazada y, ante la sospecha de haber contraído rubéola, pidió un diagnóstico, advirtiendo que en caso de dar positivo abortaría. El diagnóstico, erróneo, concluyó que no padecía rubéola, lo que le llevó a proseguir el embarazo y a dar a luz un niño con severos trastornos, debidos a la rubéola. Los padres obtuvieron una imdemnización por los perjuicios causados a ellos mismos por el error médico. Más tarde, a fin de asegurar la atención del hijo durante toda la vida, presentaron otra querella en nombre del hijo como perjudicado por el error que permitió que naciera. El caso llegó al Tribunal de Casación, que dio la razón a los padres.
Para el CCNE, desde un punto de vista jurídico, el nexo de causalidad entre el error de diagnóstico y la minusvalía «es muy indirecto», ya que el error de diagnóstico no es realmente la causa de los defectos congénitos. Independientemente del perjuicio sufrido por los padres, que puede dar origen a una legítima reparación, el CCNE estima que el reconocimiento de un «derecho a no nacer minusválido» tendría consecuencias «temibles».
En primer lugar, este «derecho» podría invocarse contra los padres que, correctamente informados del diagnóstico de una probable minusvalía, decidieran continuar el embarazo y acoger al niño. A la libertad de decisión de la madre, reconocida por la ley de despenalización del aborto, podría oponerse un derecho subjetivo del niño a que se le evitara el perjuicio de vivir.
Por otra parte, la perspectiva de demandas de indemnización llevaría a los médicos a desplegar toda la panoplia de métodos de diagnóstico prenatal y a proponer el aborto a la menor duda, aunque la mujer embarazada estuviera dispuesta a acoger al niño cualquiera que fuera la minusvalía. Por ello, el reconocimiento de un derecho del niño a no nacer en ciertas condiciones crearía una presión de tipo eugenésico. Los miembros del comité rechazan totalmente el establecimiento de «criterios normativos que definan por sí mismos, independientemente del sentimiento de la madre, un nivel de gravedad que justifique la eliminación de fetos anormales».