Los últimos datos del censo estadounidense revelan que los hispanos se han convertido en la primera minoría del país (ver servicio 20/03). Una circunstancia oportuna para publicar la Carta pastoral sobre migración Ya no somos extranjeros / Strangers No Longer, de 23 de enero, firmada conjuntamente por los obispos de EE.UU. y México.
En EE.UU. viven alrededor de 10,5 millones de mexicanos: 5,5 millones legalmente y el resto como indocumentados. Y cada año, alrededor de 150.000 inmigrantes mexicanos entran en EE.UU. sin autorización. Los presidentes Bush y Fox tenían prevista una reunión en 2001 para buscar salidas a la inmigración ilegal; sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre, la preocupación por la seguridad ha llevado a acentuar los controles de fronteras, y el gobierno estadounidense no ha vuelto a mover pieza.
Los obispos han preparado la Carta durante dos años, entrevistando a emigrantes, funcionarios, autoridades, párrocos, etc., tanto en México como en EE.UU.
Los inmigrantes que trabajan en EE.UU. envían a sus familiares entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales, lo que representa una de las fuentes principales de ingresos en México, tras el petróleo y el turismo. Las empresas de envíos de dinero cobran tarifas muy elevadas (hasta un 20%); por eso la Carta sugiere que se diseñen formas de envío más eficientes; que estas empresas destinen parte de sus beneficios a apoyar proyectos de desarrollo en México (carreteras, alcantarillado, clínicas, etc.); y que los gobiernos lleguen a acuerdos con ellas para completar los fondos de los proyectos.
Uno de los mayores problemas es la reunificación familiar de los inmigrantes, por la dificultad y lentitud para obtener visados en EE.UU. «Por ejemplo, el cónyuge o hijo menor de un residente permanente mexicano puede llegar a esperar hasta ocho años para obtener la visa correspondiente, a fin de reunirse en EE.UU. con sus seres queridos». Así que la alternativa es emigrar a EE.UU. sin los documentos necesarios o esperar dentro del sistema y enfrentarse a la separación por un tiempo indefinido. Los obispos recomiendan reformar este sistema porque además de ser «inaceptable para la reunificación legal de marido y mujer, y padres e hijos», fomenta la inmigración clandestina.
Lo ideal sería iniciar un amplio programa de legalización, pues beneficiaría a los trabajadores y a sus familias, mantendría el flujo de envíos de dinero y facilitaría los viajes seguros y legales, además de ser ventajoso para la economía estadounidense (ver servicio 145/02). También convendría ampliar el número de visados permanentes y temporales que permitan entrar en Estados Unidos como residentes legales. La Carta sugiere que se consideren estos permisos teniendo en cuenta los lazos familiares y los antecedentes laborales del solicitante en EE.UU.
Respecto a los problemas de seguridad, los obispos reconocen el derecho de cualquier país a «interceptar a los migrantes indocumentados que intenten transitar o cruzar por sus territorios», pero critican cómo se ejecuta en ambos países.
Según la Carta, «es alarmante que con frecuencia las autoridades de ambos países traten a los migrantes como criminales. Hay reportes de los abusos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y autoridades mexicanas, que incluyen el uso excesivo de la fuerza y la práctica de esposar las muñecas y tobillos de los migrantes». Los menores no se libran de este trato. «Los niños mexicanos y de otros países de Centroamérica interceptados a lo largo de la frontera, en ocasiones quedan detenidos durante varios días», sin la posibilidad de consultar a un abogado, pariente o tutor, o solicitar asilo.
La Carta deja en evidencia el fracaso de la estrategia de control fronterizo iniciada a comienzos de los noventa, ya que el número de indocumentados en EE.UU. ha pasado de 4 millones en 1994 a más de 8 millones en 2000. Las iniciativas de bloqueo en pasos fronterizos (El Paso, San Diego, etc.) solo han conseguido alejar a los inmigrantes de los puntos de mayor control, en muchos casos a costa de la vida: desde 1998 han muerto más de 2.000 inmigrantes intentando cruzar la frontera.
Quienes quieren llegar a EE.UU., procedentes de otros países, a través de México se ven obligados a sobornar a las autoridades mexicanas para continuar su camino, evitar las zonas urbanas (con el peligro de ser asaltados) o pagar elevadas sumas a «coyotes» -que en ocasiones se convierten en secuestradores- para cruzar el territorio. Los obispos recomiendan que sean las autoridades federales quienes ejecuten las leyes migratorias, y no policías municipales o militares, desconocedores de la materia.
La vía del asilo también es complicada. En los últimos años han aumentado las personas que recorren Centroamérica y México procedentes de China, India, Irán e Irak, para pedir asilo en EE.UU. Según la Carta, muchos son deportados a sus países de origen, sin evaluación alguna de su caso particular. «De las más de 180.000 expulsiones que se llevaron a cabo en EE.UU. en 1999 y 2000, el 81% fueron de mexicanos. Más aún, las personas deportadas bajo estas condiciones quedan sujetas a ciertas leyes que les prohíben la entrada en EE.UU. hasta por veinte años».
La recomendación en este caso es que «no debe tratarse a los migrantes indocumentados como criminales «y que deberá atenderse la solicitud de asilo de aquellos cuya condición de perseguidos se acredite.