Pocas sentencias del Tribunal Supremo de la India han despertado tantas críticas como la decisión tomada el pasado julio según la cual las discriminaciones legales contra las familias de más de dos hijos no violan la Constitución. La Corte apoyó así la medida establecida en el Estado de Haryana, que impide que los padres con más de dos hijos sean candidatos a los consejos municipales.
Respaldado por el veredicto del Tribunal, el gobierno federal está estudiando extender la «norma de dos hijos» a quienes deseen presentarse a las elecciones estatales y nacionales. La sentencia fue pronunciada por una comisión de tres miembros de la Corte Suprema, y puede ser recurrida ante una rama superior del mismo Tribunal formada al menos por cinco jueces, si estos deciden admitir a trámite el caso.
La polémica sentencia establece que la inhabilitación recurrida es constitucional, porque el «interés nacional» no puede ceder a los derechos fundamentales y las libertades individuales. Para el Tribunal Supremo, quienes forman parte de los consejos municipales son vistos como modelos por sus vecinos. Y si tienen más de dos hijos, la propaganda del gobierno en favor de las familias pequeñas perdería credibilidad.
En este caso el «interés nacional» consistiría en frenar el crecimiento demográfico en un país donde la población supera los mil millones, y se incrementa cada año en 18 millones. En apoyo de su tesis, el Tribunal Supremo citó los consabidos argumentos del peligro de la «explosión demográfica», afirmando que «el torrencial incremento de la población es uno de los mayores obstáculos para la paz y el progreso socioeconómico de la India».
Sin embargo, el aumento de la población no ha impedido que la economía de la India creciera un 4,2% en 2002, cifra que este año podría superar el 7%. La economía va viento en popa y los indios de clase media están equipándose con los electrodomésticos de la sociedad de consumo. Cada año, 10 millones de indios se incorporan al mercado laboral, y el empleo sigue al compás del fuerte crecimiento. En contraste, todavía 250 millones de indios viven bajo el nivel de pobreza.
La sentencia del Tribunal Supremo ya se ha puesto en práctica en Haryana. Cuatro miembros del consejo municipal han sido obligados a abandonar sus puestos después de tener el tercer hijo. Pero las consecuencias del veredicto afectan también a otros Estados con políticas similares, como Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Himachal Pradesh o Rajasthan.
Lluvia de críticas
Las críticas contra la sentencia del Tribunal Supremo proceden de periódicos, feministas, grupos religiosos e incluso algunos promotores de la planificación familiar, según testimonios recogidos en The Catholic World Report (noviembre 2003). Es esta una reacción poco usual en la India, donde la judicatura cuenta generalmente con el apoyo de los medios.
«¿Qué autoridad tiene el gobierno para decidir sobre el número de hijos?», preguntó el arzobispo de Nueva Delhi, Vicent Concessao. El semanario Indian Currents, con el titular «¿Esterilizar la democracia?», explica que en las áreas rurales, donde los padres no están seguros de que sus hijos sobrevivirán, la decisión de la Corte perjudicará a los pobres. Por su parte, el Instituto de Ciencias Sociales ha señalado que la norma «dos hijos» producirá discriminación contra la mujer.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que «la coacción de las decisiones individuales sobre fecundidad viola los derechos humanos». Incluso Nina Puri, presidente de la Asociación de Planificación Familiar en la India, subraya que «la sentencia de la Corte Suprema perjudica sobre todo a los más débiles. La cuestión es, ¿quién sufre realmente? Los más pobres, los marginados, los ignorantes y los discriminados socio-culturalmente, en especial las mujeres».
La India ha seguido una agresiva -e incluso coercitiva- política de planificación familiar. Primer país del mundo en lanzar un programa de planificación familiar en 1951, la India se convirtió después en el primero que legalizaba el aborto libre.
Desde 1975, bajo el gobierno de Indira Gandhi, fue declarada una «emergencia nacional» por la que los funcionarios de sanidad debían cumplir una serie de metas de esterilizaciones. Los funcionarios utilizaron policías para llenar autobuses de campesinos analfabetos que eran enviados a clínicas para ser esterilizados. Aquellos abusos fueron finalmente reconocidos y se dio marcha atrás.