La acción de los poderes públicos para afrontar el envejecimiento en los países de la OCDE es expuesta por Peter Hicks en un artículo publicado en L’Observateur de l’OCDE (enero 1997), que aquí sintetizamos.
De aquí a la segunda década del próximo siglo, la generación pletórica de la postguerra alcanzará la edad de jubilación, mientras que la población activa habrá disminuido en bastantes países. El número de personas muy viejas -de más de 80 años- aumentará sensiblemente. La estructura por edad tenderá a parecerse más a un cilindro que a una pirámide.
En 1990, la relación entre personas de más de 65 años y población activa (de 24 a 65 años) era un 19% como media en la zona de la OCDE. En el 2030, podría haberse duplicado hasta llegar al 37%. En Japón podría alcanzar un 44%. En Europa, la relación ha comenzado a aumentar durante los años 90 y registrará un crecimiento particularmente rápido después del 2010. En EE.UU. la progresión no se notará hasta después del 2010.
En cuanto al envejecimiento individual, la noción misma de vejez está cambiando. En muchos casos, la dependencia, la enfermedad y la soledad no se presentan hasta después de cumplir 80 años. A medida que envejecen, las personas recurren más a los servicios de salud. Pero los gastos sanitarios sólo aumentan de modo espectacular en las mayores de 80 años, cuyo gasto es cuatro veces superior a la media por habitante.
También hay una evolución importante en la utilización del tiempo en los diferentes estadios de la vida. Los hombres hacen estudios más largos, ocupan durante menos tiempo un empleo remunerado y se jubilan antes. En cuanto a las mujeres, también dedican más tiempo a los estudios y viven más, pero tienen una actividad remunerada durante más años que antes.
Los poderes públicos, los empresarios y los particulares advierten cada vez más que sería mejor no hacer compartimentos estancos entre las diferentes fases de la vida. La formación, por ejemplo, debería desarrollarse a lo largo de toda la vida y el tiempo de trabajo debería repartirse con más flexibilidad entre el trabajo remunerado y la atención en casa a los jóvenes, a los padres ancianos o minusválidos.
En cuatro direcciones
El envejecimiento individual y de la población en su conjunto, así como la evolución de los modos de instrucción, empleo y jubilación, exigen reformas en cuatro direcciones.
La primera es de tipo presupuestario y tiene que ver con la renta percibida durante la jubilación. El número de personas en edad de jubilarse aumenta, los pensionistas viven durante más tiempo y, en la mayoría de los países, la edad de jubilación tiende a bajar. Pero las dificultades presupuestarias llevarán a introducir reformas dirigidas sobre todo a centrar las pensiones públicas en aquellas personas que las necesitan más y a buscar un nuevo equilibrio entre pensiones públicas y privadas. Parece importante elevar progresivamente la edad para jubilarse con derecho a pensión plena, así como introducir disposiciones que permitan un paso gradual de la vida activa a la jubilación.
El segundo eje de las reformas se refiere a cómo orientar a los mercados de trabajo y de capitales para que se adapten a los efectos del envejecimiento. Las políticas que favorecen la jubilación anticipada son particularmente preocupantes. Hay que dar más importancia a la formación de los trabajadores a lo largo de toda la vida, para que conserven y mejoren su productividad a medida que tienen más edad. Pero de nada serviría elevar la edad de jubilación si no hay trabajo para las personas a partir de una cierta edad.
Los mercados financieros sufrirán también el efecto directo del envejecimiento, ya que se requerirá una parte mayor del ahorro para financiar un período de jubilación cada vez más largo. Desempeñarán, pues, un papel esencial para apoyar reformas de los sistemas de pensiones que impliquen un crecimiento de la financiación por capitalización.
El reparto del tiempo durante la vida
El tercer tipo de reformas concierne a las políticas en favor de la prestación de servicios: enseñanza, salud y cuidados permanentes, empleo, servicios sociales. Serán esenciales las reformas que permitan prepararse a un aumento importante del número de personas ancianas dependientes.
El cuarto eje de las reformas supondrá un nuevo equilibrio de responsabilidades entre el individuo y la comunidad. Entre otras iniciativas, es decisivo cambiar los programas sociales que no incitan a seguir trabajando, especialmente a los trabajadores de mayor edad. Otros cambios van en la línea de adoptar medidas preventivas para promover una vida sana y activa o retrasar la aparición de dolencias crónicas (en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, bastaría diferir su aparición cinco años para que el coste se redujera a la mitad).
Las políticas gubernamentales tienen influencia, deliberada o no, sobre el reparto del tiempo a lo largo de la vida. Entre las que tienen efectos directos están las disposiciones sobre la edad de jubilación y sobre la duración del trabajo y de las vacaciones. Los medios de financiar la enseñanza y la formación, y la falta de incentivos para trabajar -resultado de diversos programas sociales- son ejemplos de políticas que pueden tener un efecto negativo sobre la formación en un estadio ulterior de la vida o sobre el trabajo a tiempo parcial.