Viena.- El pasado 31 de enero el secretario general de la ONU, Butros-Gali, hizo público el nombramiento de José Ayala Lasso como Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ayala, ecuatoriano de 62 años, fue ministro de Exteriores y era hasta ahora representante permanente de su país ante la ONU. La creación de este cargo se había propuesto ya en la resolución final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, que tuvo lugar en junio del año pasado (ver servicio 90/93).
Las funciones que va a desempeñar Ayala son algo ambiguas. Será el coordinador para todas las actividades de las Naciones Unidas encaminadas a promover los derechos humanos en el mundo, e intentará mejorar el trabajo de la ya existente comisión de derechos humanos con sede en Ginebra. Es nombrado directamente por la Asamblea General de ONU, lo que le concede un peso especial frente a los países concretos y frente al Secretario General de la ONU.
Sin embargo, a pesar de las esperanzas que había despertado entre las asociaciones en defensa de los derechos humanos, este nuevo cargo no viene a confirmar el «derecho de injerencia» que tanto se ha discutido en los últimos meses. En la misma resolución en que se aprobaba la creación del Alto Comisionado se afirmaba que «el Comisionado está obligado a respetar la soberanía y la jurisdicción nacional de los Estados» y a «respetar las diferentes tradiciones históricas y culturales».
Como en la Conferencia de Viena, el nombramiento ha sido un fruto más de la política de consenso de la ONU. La creación del cargo es una concesión a los países desarrollados y a las organizaciones internacionales que desde hace años piden una mejora de la efectividad en la lucha por la defensa de los derechos del hombre. Pero, dados los límites de sus atribuciones, es probable que un país acusado de no respetar estos derechos pueda escudarse en las diferencias culturales o en el respeto a su soberanía.
José María López-Barajas