En 2002, la Iglesia de Estados Unidos sufrió una fuerte sacudida por las denuncias de abusos de menores cometidos por sacerdotes. El escándalo fue muy sonoro, pero hasta ahora no se conocían las dimensiones reales del fenómeno. Un informe publicado a finales de febrero concluye que los abusos fueron obra de una pequeña minoría del clero y que la crisis se ha debido a una falta de vigilancia por parte de los obispos, empezando por la selección y preparación de los seminaristas.
La investigación fue encomendada por la Conferencia Episcopal a un consejo de laicos creado al efecto, la Comisión Nacional de Estudio para la Protección de Niños y Jóvenes. El informe se compone de dos documentos. El primero es un estudio estadístico de los casos de abusos, encargado al John Jay College of Criminal Justice (City University of New York), que la realizó de modo independiente y la avala con su firma. El segundo consiste en un análisis y unas recomendaciones a la vista de los datos hallados, y es obra de la Comisión.
En general, los estudios sobre abusos de menores son muy incompletos, por la dificultad de obtener datos. Pocas veces queda constancia pública de esos delitos, sobre todo de los que ocurren en el entorno familiar, que son una gran parte. Y las informaciones sobre abusos denunciados se encuentran dispersas y resulta muy laborioso recopilarlas. De modo que casi todas las investigaciones sobre el asunto se basan en encuestas a muestras de población.
Un 4% en 52 años
En cambio, el estudio del John Jay College es uno de los más completos elaborados hasta la fecha sobre los abusos de menores en cualquier ámbito. Esto ha sido posible gracias a que los investigadores han podido manejar los datos facilitados por las diócesis y órdenes religiosas de Estados Unidos, referidos además a un largo periodo de tiempo, 1950-2002, lo que da una amplia perspectiva.
Pues bien, en esos 52 años hubo 10.667 personas que denunciaron a la Iglesia abusos de menores, referidos a 4.392 sacerdotes. Estos números excluyen las denuncias que fueron retiradas o se demostraron falsas (cerca de 2.000). Por otra parte, como en todos los ámbitos los abusos de menores no siempre se denuncian, el total real tiene que ser mayor. El John Jay College, a partir de estimaciones de otros estudios similares, calcula que pudo haber unos 3.000 casos más; pero esto no es más que una conjetura.
El total de denunciados es entre el 4% y el 4,3% de los sacerdotes activos en esos años. No es posible precisar más, pues el censo de clérigos no es completo para todo el periodo.
Los abusos son minoritarios también desde otro punto de vista. La mayoría (56%) de los acusados fueron denunciados por una sola víctima. En cambio, una parte muy pequeña (149 sacerdotes) acumula más de un cuarto de las denuncias (27%).
En la mayor parte de los casos (38,4%), los abusos se cometieron en el término de un año. Pero en una proporción similar (38,2%) se prolongaron de 2 a 9 años. Esto indica que muchos de los mayores culpables actuaron repetidamente sin que nadie los detuviera.
Casos antiguos
La distribución de casos por épocas indica cuándo se generó la crisis. La década de los setenta es la de mayor número de casos, y más de dos tercios de los acusados fueron ordenados antes de 1980.
En cambio, dos tercios de las denuncias son posteriores a 1993, y un tercio son de 2002 y 2003. La dilación, por tanto, es muy grande: apenas el 13% de las denuncias se presentaron en el mismo año de los hechos, y una cuarta parte larga, más de 30 años después, cuando el acusado ya había muerto o estaba retirado. Por tanto, la última oleada de acusaciones, la que hizo saltar y alimentó el escándalo, se refiere sobre todo a casos antiguos. Esto no resulta tan sospechoso como a primera vista parece, porque en todos los ámbitos es común que los menores que sufren abusos callen durante años. Pero indica que en el auge del escándalo el problema ya había quedado atrás en buena medida.
La distribución de las víctimas por edad y sexo muestra que los abusos eran, en su mayor parte, contra niños y de naturaleza homosexual. La mayoría de los menores (76%) no contaban aún 15 años, y una proporción aún mayor (81%) son varones. De todas formas, los hechos denunciados varían mucho en gravedad. Los casos de pederastia propiamente dicha no son los más frecuentes, si bien son minoría los denunciados que no pasaron de las acciones más leves.
Los antecedentes de los acusados revelan que el 7% fueron ellos mismos víctimas de abusos cuando eran menores, el 19% presentaban problemas de alcoholismo o tomaban drogas, y el 23% tenían otros trastornos psicológicos detectados. Cuando los problemas eran de alcohol o drogas, los más visibles, la autoridad eclesiástica intervino en el 80% de los casos.
Qué se hizo
La intervención de los superiores a raíz de las denuncias culminó en la salida del sacerdocio en algo más de un cuarto de los casos, bien porque el acusado renunciara (18,7% con respecto al total de denuncias) o pidiera la secularización (3,7%), bien porque la autoridad eclesiástica lo apartara del ministerio (3,6%). En el resto de los casos se tomaron medidas menos severas: suspensión canónica (7%), simple baja temporal (7%), envío a tratamiento psicológico o médico (39,3%), etc. Hubo casi un 10% de casos en que no se hizo nada, aparte del 26,3% en que los denunciados ya no estaban activos, por edad o defunción.
En la presentación del informe, Mons. Wilton Gregory, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, completó los datos. Según dijo, desde 2002 hasta la fecha han sido apartados del ministerio unos 700 sacerdotes o diáconos imputados por abusos sexuales contra menores.
Por su parte, la justicia civil actuó contra solo el 5% de los sacerdotes acusados (226). Fueron condenados 138 de ellos.
Diagnóstico y recomendaciones
En sus recomendaciones a los obispos, la Comisión deduce de esos datos que la gran mayoría de los sacerdotes de Estados Unidos desempeñan dignamente su ministerio. Pero añade que el número de los culpables de abusos es «significativo e inquietante». Parte de la responsabilidad recae en los superiores, que no intervinieron pronta y eficazmente, si bien el descenso de casos a partir de los años ochenta muestra que desde entonces se han tomado medidas más enérgicas.
¿Qué ocurrió antes? Para responder, la Comisión se plantea dos cuestiones: ¿por qué había tantos sacerdotes que abusaron de menores?, y ¿por qué se reaccionó de forma tan inadecuada durante tantos años?
Con respecto a lo primero, la Comisión concluye que hubo dos causas principales. Primera, una mala selección de candidatos al sacerdocio, que dejó pasar un número excesivo de personas inmaduras o con tendencias sexuales desviadas. Segunda, los seminarios no proporcionaban a los candidatos una buena preparación para la vida de celibato y castidad que exige el sacerdocio.
Sobre lo segundo, el análisis de la Comisión halla media docena de motivos. Los obispos, dice, no se hicieron cargo hasta muy tarde de las dimensiones del fenómeno, sino que trataron los casos como hechos esporádicos y aislados. Dieron más crédito a los acusados que a los denunciantes, y no pusieron en primer término el bien de las víctimas. En cambio, dieron prioridad a los intereses «institucionales» de la Iglesia, de modo que trataron de ocultar los casos sin afrontarlos hasta el fondo y, ante la amenaza de procesos civiles ruinosos, adoptaron una actitud litigiosa y defensiva, poco pastoral. Confiaron demasiado en los asesores (médicos, psicólogos, abogados) que les aconsejaban medidas terapéuticas o estrategias legales, inadecuadas para un problema de fe y moral. Cuando actuaban mal, no se ayudaban entre sí con el ejercicio de la corrección fraterna. Finalmente, la Comisión cree que los procedimientos canónicos dificultan demasiado apartar del ministerio a los sacerdotes indignos, y que los obispos no recurrieron debidamente a las medidas cautelares previstas.
Los remedios que recomienda la Comisión son las acciones contrarias a los fallos señalados, en primer lugar el esmero en el escrutinio y la formación de los candidatos al sacerdocio. Luego, para aumentar la vigilancia, la Comisión aconseja algunas medidas concretas: dar más autoridad a los obispos metropolitanos, reforzar las visitas canónicas de seminarios y diócesis, formar consejos consultivos de laicos en todas las circunscripciones. También aconseja cooperar más con las autoridades civiles.
Peligros de la «tolerancia cero»
La Comisión apoya la llamada «política de tolerancia cero» adoptada por la Conferencia Episcopal en junio de 2002 y ratificada luego, con algunas correcciones, por la Santa Sede. A esto se refieren distintos comentarios que se han publicado a propósito del informe.
Algunos temen que esa firmeza vaya en perjuicio de la presunción de inocencia o de la reforma y el perdón de los culpables. La misma Comisión advierte que las normas aprobadas por los obispos dan una definición «expansiva y un tanto vaga» de los abusos de menores, lo que puede llevar a aplicar penas drásticas sin distinguir la diversa gravedad de los delitos.
En cuanto a las garantías procesales, el P. Joseph Fessio, director de la editorial Ignatius Press, ha dicho que la Santa Sede tiene acumulados unos 700 recursos de sacerdotes condenados por abusos de menores pero que aseguran ser inocentes. Esto, según él, es indicio de la excesiva celeridad de las causas incoadas por las diócesis. En fin, la «tolerancia cero» sirve para mostrar una reacción enérgica de cara a la opinión pública, pero puede conducir a injusticias, añade Fessio.
También se tratan los peligros de la «tolerancia cero» en un libro aparecido casi al mismo tiempo que el informe de la Comisión norteamericana. El volumen (1) no recoge la postura oficial de la Santa Sede, sino las conclusiones de una reunión de expertos -principalmente, psiquiatras forenses y psicoterapeutas, entre ellos ocho no católicos- sobre la materia que organizó la Academia Pontificia para la Vida.
Estos especialistas no dan respuestas unánimes sobre cómo afrontar este problema complejo, que no admite solución única. Pero, según el coordinador de la obra, el Dr. Manfred Lütz, coinciden en que se debe huir de dos extremos: infravalorar el problema y sobrealimentar el escándalo en la opinión pública induciendo a medidas drásticas. En relación con esto último, la «tolerancia cero», dijo, puede contribuir a sumergir el problema, al desalentar a los culpables de confesar y solicitar ayuda.
Lütz añadió que, si bien la reunión se convocó a raíz de los casos surgidos en la Iglesia, los abusos de menores no son un mal exclusivo de sacerdotes. Los especialistas que han aportado sus experiencias para el libro lo han visto en otras profesiones. «Sabemos, por ejemplo -señaló Lütz-, que afecta a más o menos el 10% de los psicoterapeutas, porque también ellos están en contacto con la esfera íntima de la persona, y esto aumenta el riesgo de abusos».
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(1) Manfred Lütz (ed.), L’abuso sessuale nella Chiesa cattolica: prospettive legali e scientifiche, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 2004.
Para saber más
— Los dos documentos de que consta el informe recién publicado son: John Jay College of Criminal Justice, The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States; The National Review Board for the Protection of Children and Young People, A Report of the Crisis in the Catholic Church in the United States. Ambos se pueden obtener en www.catholicreviewboard.com.
— En una entrevista para Aceprensa (servicio 42/02), Fr. C. John McCloskey analiza las causas de la crisis, prestando especial atención a la situación de los seminarios.
— Según la Comisión Nacional de Estudio para la Protección de Niños y Jóvenes, los obispos confiaron demasiado en las intervenciones terapéuticas. Pero estaban frente a «Un problema espiritual, además de psicológico» (servicio 55/02), señala el especialista Richard Cross. En el mismo artículo se encuentra una comparación entre la incidencia de abusos en el clero y en otros grupos.
— Un componente importante del escándalo fueron las reacciones suscitadas en la opinión pública. De ello se ocupa el artículo de Diego Contreras «La prensa y los abusos sexuales de sacerdotes» (servicio 58/02). Uno de los equívocos difundidos fue atribuir la crisis a la exigencia del celibato, asunto que trata Ignacio Aréchaga en la tercera parte del servicio 42/02, «El celibato y el secretismo».
— Las medidas tomadas por la Iglesia para atajar los abusos se explicaron en el servicio 173/02: «La Iglesia de EE.UU. ya tiene normas definitivas para juzgar y castigar a los sacerdotes que hayan abusado de menores» (el texto completo está en www.usccb.org/ocyp/norms.htm). Estas normas tuvieron una primera versión aprobada por los obispos norteamericanos en una asamblea especial de junio de 2002 (ver servicio 85/02) y fueron luego revisadas por una comisión conjunta de la Conferencia Episcopal y la Santa Sede (servicios 138/02 y 154/02).
— Los posibles riesgos y limitaciones de la «política de tolerancia cero» fueron objeto de comentario por parte de Richard John Neuhaus («La Iglesia en tiempos de escándalo», servicio 70/02), que aporta también su opinión sobre el origen del fenómeno.
— Un análisis general de la crisis, sus consecuencias y los remedios necesarios es el que hizo George Weigel en su libro El coraje de ser católico, ampliamente reseñado en el servicio 44/03.