Debate sobre la futura Ley de Calidad de la Educación
El Ministerio de Educación ha adelantado las principales líneas del proyecto de Ley de Calidad de la Educación. En marzo se reúne la Conferencia Sectorial de Educación, donde están representadas las Comunidades Autónomas. Seguramente el Gobierno llevará allí su proyecto, que incluye el establecimiento de una reválida al acabar el Bachillerato, la posibilidad de repetir curso, la creación de itinerarios diferenciados a partir del segundo ciclo de la ESO y la modificación de lo relacionado con la dirección de los centros, como medidas más novedosas.
Que la enseñanza secundaria marcha mal en España parece una realidad evidente, como se encargan de demostrar con obstinación las encuestas a padres y profesores y las diferentes estadísticas dadas a conocer por diferentes organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, los estudios del Instituto Nacional de la Calidad de la Educación (1) y el reciente Informe PISA de la OCDE (2). Tras más de diez años de vigencia de la LOGSE, ley ya polémica cuando se aprobó, el fracaso escolar continúa aumentando (el Ministerio lo cifra en un 30% al acabar la secundaria obligatoria), lo mismo que la insatisfacción de los docentes y de los padres.
Descontento con la situación actual
Son bastantes, más de las que parece, las organizaciones educativas, los sindicatos y las asociaciones de profesores que no están contentos con el marco legislativo actual. En concreto, el Colegio de Doctores y Licenciados; la asociación de padres CONCAPA; los sindicatos CSIF, ANPE, FSIE y USO; las patronales Educación y Gestión, CECE y ACADE, y la Confederación de Estudiantes (CES) están a favor de las medidas más polémicas, si al final aparecen en la Ley. Así, apoyan la supresión de la promoción automática, el regreso de los exámenes de septiembre, la creación de itinerarios diferenciados en el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la posible inclusión de una prueba -que no quieren llamar reválida, aunque de finalidad similar- para los alumnos que finalicen la ESO o el Bachillerato (todavía sin determinar, aunque casi está confirmada la reválida al acabar el Bachillerato).
En el otro lado están la asociación de padres CEAPA; los sindicatos CC.OO., FETE-UGT y STE (Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza), así como otras asociaciones educativas de la misma filiación ideológica (y unidas en la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública). Consideran que la eliminación de la promoción automática y la creación de diversos itinerarios según la orientación de los alumnos supone un atentado contra la comprensividad, uno de los pilares sobre los que se sustenta la LOGSE. Ellos siguen apostando por un tipo uniforme de educación hasta los 16 años, según un estilo de enseñanza comprensiva que ahora se está replanteando en otros países europeos (3).
Las propuestas del Ministerio
El reciente primer número de Educación y Libertad (cuarto trimestre de 2001), revista de la Fundación Europea Educación y Libertad (Fundel), asociada a la patronal de la enseñanza ACADE, contiene un exhaustivo compendio de opiniones sobre la futura Ley de Calidad por parte de casi todos los agentes sociales relacionados con la educación.
También en un congreso organizado por el Ministerio de Educación, celebrado en Madrid en noviembre pasado, Isabel Couso, secretaria de Educación y Formación Profesional del Ministerio, señaló de manera más detallada algunos de los ejes de la futura Ley de Calidad. El primer cometido de cualquier reforma que se emprenda es disminuir los preocupantes índices de fracaso escolar, «una verdadera lacra social que abre las puertas a la marginación para nuestros jóvenes». A continuación, Couso señaló «el diseño de vías alternativas o itinerarios en la segunda etapa de la Educación Secundaria Obligatoria», lo que «servirá para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y para motivarles en su estudio, al tiempo que facilitará un mejor clima de convivencia en los centros».
Otras cuestiones prioritarias mencionadas por Couso son «facilitar el aprendizaje y la integración social de los inmigrantes»; «la necesidad de profesionalizar la función directiva de los centros»; «mejorar la inspección educativa y garantizar, a través de la Alta Inspección, una educación de calidad común y vertebrada para todos los españoles». En una rueda de prensa celebrada el pasado 4 de febrero, también apuntó la posibilidad de que se acaben creando distintos itinerarios, todos con la misma titulación: uno que lleve al Bachillerato, otro a la Formación Profesional, un tercero a la inserción laboral, y un cuarto para aquellos alumnos que, en la actualidad, acceden a los Programas de Garantía Social.
Opinan los profesores
Álvaro Marchesi, uno de los padres de la LOGSE, ex secretario de Estado de Educación en varios gobiernos socialistas, es una de las voces más críticas contra la política educativa del gobierno de Aznar. Marchesi, catedrático de Psicología Evolutiva en la Universidad Complutense, dice que muchos de los problemas que ha ocasionado la aplicación de la LOGSE son consecuencia de la escasez de recursos que se destinan a la educación. Para él, los asuntos más candentes que debería afrontar la futura Ley son el desarrollo profesional de los docentes, nuevos incentivos económicos y profesionales, y una decidida apuesta «por la descentralización y la autonomía de los centros» con el fin de que «puedan establecer modelos propios de atención a la diversidad». También -y es algo que repiten otras organizaciones con las que existe una mayor afinidad ideológica- defiende «la mayor participación de la sociedad en los consejos escolares y confianza en la participación de padres y alumnos». Marchesi es el promotor de una encuesta (4) hecha a los docentes españoles sobre la situación educativa actual, y cuyas conclusiones le han servido al gobierno para avalar la urgencia de sus reformas, contrarias a las opiniones del propio Marchesi.
Según esta encuesta, el 72,5% del profesorado de la ESO se muestra partidario de separar a los alumnos en itinerarios diferenciados a partir de los 14 años; el 61,4% apoya la vuelta a los exámenes de septiembre; el 65% está a favor de que al final de la ESO un título permitiera ir al Bachillerato y otro a la Formación Profesional. También la gran mayoría se opone a la promoción automática y pide que cada curso sea evaluable.
Entre los sindicatos y asociaciones de padres las opiniones son muy dispares. Por ejemplo, CC.OO. define los planes del gobierno como «contrarreforma» por su deseo de derribar todo lo positivo que la LOGSE ha incorporado a la educación. De la misma opinión es FETE-UGT. ANPE y CSI-CSIF, que sólo tienen presencia en la escuela pública, se muestran muy críticos con la LOGSE y apoyarán aquellas medidas que propicien una mejora de la calidad, siempre que se asegure la preeminencia del sistema público. Para FSIE, uno de los sindicatos más representativos de la enseñanza concertada, la nueva Ley debe garantizar la homologación salarial de los profesores, dotar a los centros de los necesarios equipos educativos y aportar más recursos para equilibrar la red concertada con la pública. Para la Federación de Enseñanza de USO, el actual sistema «relativiza la exigencia de los alumnos» y más que consolidar la igualdad de oportunidades «fomenta la dictadura de la mediocridad». USO se muestra partidaria de la creación de itinerarios diferenciados, de la elección del director por el claustro de profesores y de adelantar la edad del acceso a los Programas de Garantía Social.
Las patronales de la enseñanza privada y concertada (ACADE, Educación y Gestión, CECE) defienden las medidas anunciadas y apuestan por un sistema menos rígido. En la misma línea se sitúa la asociación de padres CONCAPA.
¿Reválida o no?
Uno de los puntos más conflictivos de la futura Ley de Calidad es qué va a pasar con la selectividad y la reválida, o «prueba de certificación externa», como la quiere denominar el Ministerio de Educación. La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Universidades ha suprimido la selectividad, una prueba que se estableció en 1974 y que durante bastantes años todos los agentes sociales no se han cansado de criticar por su inutilidad. Sin embargo, ahora que se anuncia su futura retirada, casi todos han pasado a defenderla, pues las alternativas que se plantean no satisfacen a nadie.
En la actualidad, la selectividad depende de las Comunidades Autónomas (no es igual en todos los sitios) y su cometido, más que valorar la madurez de los alumnos, es servir de filtro para la entrada en la Universidad. Los porcentajes de aprobados son superiores al 90% (salvo en la convocatoria de septiembre) y la mayor utilidad de esta prueba es que la nota de los alumnos sirve para poder elegir carrera. En aquellas más solicitadas, suelen recurrir a una prueba más, aunque no es lo normal. La nota final de la selectividad se hace con la media del expediente académico (desde el pasado curso vale un 60% de la nota final) y la del examen realizado, que debe superarse con un 4 como mínimo. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece que las universidades escogerán a sus estudiantes según los criterios que ellas misma establezcan, «respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad». Aunque el progresivo descenso del número de universitarios ha provocado ya que en algunas universidades sobren plazas, las carreras más solicitadas deberán arbitrar algún tipo de prueba para seleccionar a sus alumnos.
Las posibilidades son realizar una reválida al acabar el Bachillerato o al acabar la enseñanza secundaria. La reválida al finalizar la ESO no cuenta con muchos partidarios, pues supone despreciar el actual concepto de evaluación continua, y más si se modifican los sistemas de evaluación de esta etapa y se vuelven a establecer los exámenes de septiembre y la posibilidad de repetir curso. Así que la polémica se ha centrado en la reválida para obtener el título de bachiller.
Reválida: una prueba habitual en Europa
En diversos países europeos se introdujo en los años setenta la llamada enseñanza comprensiva, para impartir a todos los alumnos durante la escolaridad obligatoria la misma enseñanza, al mismo ritmo y de la misma manera. Hoy buena parte del profesorado considera irreal este objetivo, dada la heterogeneidad de las clases y los distintos intereses de los alumnos. En consecuencia, se ha vuelto a abrir un debate que en algunos casos ha llevado ya a introducir reformas (cfr. servicio 48/01: «Escuela comprensiva: nada para todos»). Al término del Bachillerato o equivalente, en los países de la Unión Europea lo normal es realizar una prueba externa que garantice un nivel de conocimientos.
Francia
Francia introdujo el collège único (de los 11 a los 15 años) en 1975. Pero el igualitarismo es a menudo formal. Sin decirlo, no pocos colegios agrupan a los alumnos a partir de los 11 años según su rendimiento y mantienen los grupos a lo largo de la escolaridad. La educación se ha democratizado, pues hoy alcanzan el título de bachiller el 62% de los jóvenes de una generación. Pero hay permanentemente un 6% de alumnos que abandonan la escuela a los 16 años sin un título y otros tantos que van muy retrasados.
La reforma del collège único, que ya estaba prevista, se desveló en las medidas anunciadas el pasado enero por el ministro de Educación, Jack Lang. Para conciliar el ideal del collège único y la diversidad del alumnado, a partir del próximo curso se introducirán en la organización escolar «itinerarios de descubrimiento». El objetivo es que los alumnos se vayan familiarizando con las distintas opciones que tendrán al término de la escolaridad obligatoria. En estos itinerarios, a razón de dos horas semanales que se agregan al tronco común, los alumnos podrán «descubrir» cuatro campos: «naturaleza y cuerpo humano», «artes y humanidades», «lenguas y civilización» y «creación y técnicas». En la práctica, es otro modo de organizar el programa de estudios, si bien bastante complejo.
También habrá una reválida para comprobar los conocimientos adquiridos en los cuatro años de la enseñanza secundaria obligatoria. Este examen será un «elemento determinante» en la orientación hacia estudios posteriores, aunque se seguirán reconociendo las posibilidades de elección del estudiante en el ciclo de Bachillerato.
Pero ¿qué debe saber un alumno al acabar la secundaria obligatoria? Lo que marcan los programas, evidentemente. Para que quede más claro, el Ministerio lo ha resumido por primera vez en un cahier des exigences (pliego de exigencias) destinado a explicar a profesores y padres lo que deben aprender los alumnos.
Los alumnos que, al terminar la secundaria obligatoria, cursan los tres años de Bachillerato, para poder ingresar en la Universidad tienen que pasar el examen final de Baccalaureat en dos fases. Un primer examen de materias básicas al final de los dos primeros cursos de liceo y otro de materias especializadas al acabar el tercero. El tipo de Bachillerato cursado (hay varias secciones) y la nota media de ambos exámenes de Bac son determinantes para el ingreso en la Universidad. Francia se ha mantenido fiel a su examen final de Baccalaureat, por encima de las múltiples reformas educativas.
Italia
Los alumnos italianos que terminan la enseñanza secundaria a los 18 años en los liceos tienen que superar una «prueba de madurez», que da acceso a la Universidad. Pero, cuando sea aprobada la reforma educativa que propone el gobierno de Berlusconi, tendrán que aprobar otra reválida al acabar los tres años de la escuela media (de los 11 a los 14 años), como pasaporte indispensable para acceder al siguiente ciclo.
La reforma educativa impulsada por el gobierno prevé una enseñanza común hasta los 14 años. El segundo ciclo de la enseñanza secundaria tiene dos vías: el liceo y la formación profesional. En los liceos se estudia el equivalente al Bachillerato, con varias ramas (científico, humanístico, económico…). La segunda opción es el Instituto Profesional, de tres años de duración, para incorporarse después al mercado laboral. A partir de los 15 años, la formación profesional podrá hacerse «en alternancia», compaginando periodos de estudio con prácticas en empresas.
Alemania
En el segundo ciclo de la enseñanza secundaria hay dos vías claramente diferenciadas: el Gymnasium, de carácter académico y que lleva hacia la enseñanza universitaria, y otra de carácter profesional. Al terminar el Bachillerato en el Gymnasium, en diversas modalidades, los alumnos tienen que superar una reválida, el Abitur, que da acceso a los estudios superiores. Pero incluso aunque luego no se cursen estudios superiores, la consecución del Abitur es un mérito bien valorado. La nota final es una media entre las calificaciones del examen y las de los dos últimos años.
Gran Bretaña
En Gran Bretaña, que fue el primer país en entrar por la senda de la enseñanza comprensiva, el gobierno de Blair ya ha anunciado planes de reforma (cfr. servicio 48/01). Actualmente, tras seguir una enseñanza uniforme hasta los 16 años, los alumnos tienen que superar las pruebas previstas para obtener el Certificado General de Educación Secundaria, con el cual pueden incorporarse al mundo del trabajo o proseguir estudios superiores. Los que quieren ir a la Universidad, realizan otros dos años de estudios de secundaria, y a los 18 años pasan un decisivo examen: GCE-A Level. Los exámenes están divididos por materias, y los estudiantes escogen a cuántas se presentan en función de lo que quieran estudiar en la enseñanza superior. Su obtención es imprescindible para acceder a la Universidad, aunque el ingreso dependerá después de los criterios de admisión de cada centro. Los de mayor prestigio son los que exigen más puntuación en los A-levels.
Adolfo Torrecilla_________________________
(1) Cfr. servicio S2/98: Adolfo Torrecilla, «Un balance preocupante de la enseñanza secundaria», 9-XI-1998.
(2) Cfr. servicio 171/01.
(3) Cfr. servicio 48/01: Mercedes Ruiz Paz, «Escuela comprensiva: nada para todos».
(4) Cfr. servicio 144/01.