Empieza a ser una ley: todo responsable de la ONU en Irak que critica el embargo es forzado a dimitir. Así ha tenido que hacerlo el alemán Hans von Sponeck, coordinador de la ayuda humanitaria a Irak. Con su predecesor, el irlandés Denis Halliday, sucedió lo mismo. A la vez que Von Sponeck ha dimitido también Jutta Burghardt, directora del programa alimentario para Irak.
En 1998, la presión de Estados Unidos obligó al secretario general de la ONU, Kofi Annan, a pedir a Halliday que dimitiera. Halliday se había pronunciado públicamente en contra de las sanciones a Irak, por los perjuicios que causa a la población civil.
El sustituto se mantuvo callado al principio; pero, tras unos cuantos meses en Irak, Von Sponeck empezó a decir públicamente que el programa «petróleo por alimentos» (se permite a Irak exportar una limitada cuota de crudo para emplear las ganancias en artículos de primera necesidad) es un fracaso y que está causando una «tragedia humana». Con esto se atrajo la ira de los representantes norteamericanos en la ONU. Desde la sede de la ONU se dieron entonces a Von Sponeck instrucciones precisas, por escrito: debía abstenerse de expresar en público su oposición a las sanciones, o sería despedido.
Sin embargo, Von Sponeck no cesó en sus críticas. «La tragedia de los civiles iraquíes ha llegado a tal punto que ya no es posible callar», dijo a la prensa. Finalmente, Von Sponeck tuvo que dimitir el 13 de febrero. Todavía no hay sustituto.
Según un alto funcionario de la ONU consultado por Le Monde (24-II-2000), las consecuencias del embargo a Irak provocan «un problema de conciencia» para los que trabajan in situ: no pueden cerrar los ojos a la realidad, pero están obligados, como empleados de la ONU, a no expresar opiniones personales.
El caso es que la situación en Irak no ha hecho sino empeorar desde la imposición de las sanciones, como señala el último informe oficial de la ONU (abril de 1999). La mortalidad infantil ha pasado de 56 por mil (1991) a 131 por mil. El 23% de los niños iraquíes nacen faltos de peso. Uno de cada cuatro menores de cinco años sufre de malnutrición crónica. La mortalidad materna ha subido de 50 a 117 por cien mil partos entre 1991 y 1998. La ingestión diaria de calorías ha bajado de 3.120 a 1.093 por habitante (la cantidad considerada óptima es 2.400-2.700 calorías diarias). La tasa de escolarización ha caído al 53%, y más del 80% de los centros de enseñanza están gravemente dañados. Según dijo Von Sponeck el pasado 1 de marzo en Nueva York, durante la rueda de prensa de despedida, no hay «posibilidad ninguna» de que mejore la situación mientras el programa de la ONU siga como hasta ahora.
Pero los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, los más intransigentes con Irak, echan la culpa al régimen de Sadam Husein. Es el gobierno iraquí, dicen, el que impide que los suministros lleguen a la población. La misma acusación hace el ayatolá Mohamad Baker El Hakim, presidente del Consejo Superior de la Revolución Islámica en Irak, principal grupo opositor chiíta a Sadam. Exiliado en Teherán, El Hakim afirma en declaraciones a Le Monde (6-III-2000) que el plan «petróleo por alimentos» ha mejorado un poco la situación. «Pero -añade- el régimen entorpece la aplicación para perseguir su último fin, que es el levantamiento del embargo». El ayatolá afirma que el gobierno desvía o exporta gran parte de los alimentos y medicinas destinados a la población. Según cálculos de la ONU, han desaparecido productos farmacéuticos por valor de 260.000 millones de dólares.
Pese a ello, Von Sponeck y demás críticos de las sanciones sostienen que el programa actual no es suficiente en ningún caso para las necesidades de la población iraquí. Un diplomático citado por Le Monde (24-II-2000) explica: «Tras diez años de sanciones, toda la infraestructura civil de Irak está en ruinas. No hay agua, no hay electricidad. ¿De qué sirve tener leche en polvo para los niños si el agua está contaminada? Para nada valen los medicamentos en un hospital sin electricidad…». Pero Estados Unidos sigue oponiéndose a levantar el embargo, que impide a Irak importar los equipos necesarios para rehacer sus infraestructuras.
Esto no significa que en Estados Unidos no haya críticas a las sanciones. Setenta congresistas norteamericanos han dirigido una carta al presidente en la que afirman que «el pueblo iraquí ha de tener derecho a rehabilitar su economía». También en Gran Bretaña un informe parlamentario, suscrito por diputados laboristas y conservadores, ha advertido que las sanciones penalizan «de forma desmesurada» a la población de Irak. Cosa que, por otra parte, se viene señalando desde hace años (ver servicios 152/95 y 19/96).